Un clima de terrorismo laboral que ha provocado despidos, jubilaciones anticipadas, renuncias y que funcionarios del área de gobierno terminen su vida laboral medicados o como pacientes psiquiátricos, es el instaurado por la delegada estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, María Magdalena Tinajero Esquivel.
El hostigamiento laboral no es desconocido por las autoridades centrales del IMSS, pues desde su arribo a la delegación, a mediados de mayo de 2024, Puebla es el estado con más quejas de trabajadores y derechohabientes.
De la larga lista de jubilados, renunciados, despedidos y sancionados con descuentos en puntos de demérito figuran el jefe de Prestaciones Médicas, el doctor Ulises Cruz Apanco; la jefa de Servicios Jurídicos, Yolanda Alvarado Camacho, y la coordinadora de Comunicación Social, Adriana Olaya Cabrera.
También José Ricardo Pérez Salazar, encargado de la jefatura de Afiliación y Cobranza; Alejandro Martel Torres, jefe Servicios Administrativos, y Juan Antonio Arellano, jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales.
El acoso laboral y los maltratos se han acentuado con el cambio en la dirigencia de la Sección 1 del Sindicato IMSS, ya que la doctora María Elena López de la Vega es incapaz de detener el ambiente de acoso y terror que despliega la delegada María Magdalena Tinajero, con el apoyo de su actual director jurídico, José Maccise Flores, y el actual director administrativo, Mauricio Roldán Parra.
La delegada ha llegado al extremo de mandar a llamar a la Policía Estatal para impedir una protesta de los trabajadores del Hospital La Margarita, después de que esta restringió los accesos y salidas del personal por una sola puerta, supuestamente para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas, como cervezas, y el robo de equipo y medicamentos.
Así ocurrió el miércoles 18 de marzo, sin que las protestas de los trabajadores sindicalizados de La Margarita, por la presencia de la fuerza pública para disolver su plantón, tuvieran el respaldo de su secretaria general.
Entre los funcionarios de cuerpo de gobierno del IMSS Puebla es un secreto a voces los insultos y la forma poco cortés que tiene la delegada de conducirse en esas reuniones y del maltrato hacia algunos de sus subordinados, como el coordinador auxiliar de Atención Médica de primer nivel, el doctor José Domínguez Naranjos, al que no se cansa de exhibir de tonto.
Por el maltrato, acoso y hostigamiento laboral que María Elena Tinajero y su brazo derecho, el director de Servicios Jurídicos, José Maccise, ejercen sobre el personal de confianza del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, y el personal médico, de enfermería y operativo, este último fue suspendido tres días por oficinas centrales.
Se sabe que solo durante 2025 se dieron unos 60 despidos injustificados de médicos especialistas, enfermeras, asistentes médicos, camilleros y auxiliares de farmacia.
Varios de los despedidos iniciaron litigios, obteniendo resoluciones favorables que obligan al Instituto al pago de salarios caídos, prestaciones y reinstalaciones, lo que ha sido descrito como un gasto que sangra a la delegación.
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Funcionarios se inmiscuyen en organismos empresariales
Entre algunos dirigentes de organismos empresariales hay la sospecha de que funcionarios del Gobierno del estado han metido las manos en la elección de algunos presidentes de Cámara y que a través de estos se buscan debilitar al nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, Juan Pablo Cisneros Madrid.
Esta semana le tendré más detalles.
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¿Cuánto costaba la renta del edifico sede del Consejo de la Judicatura?
Una vez que en el Periódico Oficial del Estado se ha publicado que el Consejo de la Judicatura, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Sala Especializada en Materia Constitucional del Poder Judicial se instalarán en lo que eran las instalaciones de la funeraria Camino al Cielo, valdría le pena que el Poder Judicial y la Secretaría de Finanzas informaran a cuánto ascendía el arrendamiento mensual del edifico denominado Tandra, ubicado en el número 1933 del bulevar Municipio Libre en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, donde antes se localizaban estas dependencias del Poder Judicial del Estado.
Trasciende que ese alquiler ascendía a 1.3 millones de pesos mensuales y que esa cantidad no era solo para los dueños del edificio, entre los que se encuentra Javier Pacheco Pensado.
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