El secretario general del Congreso del Estado de Puebla, Julio Leopoldo De Lara Valera, evitó pronunciarse sobre los graves señalamientos en su contra y la exigencia de renuncia por parte del Partido Acción Nacional (PAN), tras acusaciones de haber ocultado información clave durante meses.
Los hechos se originaron en la controversia constitucional 217/2025, promovida por el Gobierno federal contra reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales del estado de Puebla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el 9 de marzo de 2026 invalidar varios artículos de dichas leyes, al considerar que el Congreso local invadió competencias exclusivas de la Federación, incluyendo aspectos relacionados con partidos políticos, sindicatos y reservas de información por seguridad nacional.
La diputada panista Susana Riestra Piña, presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, denunció desde la tribuna del pleno que la Secretaría General —a cargo de De Lara— y la Dirección Jurídica —encabezada por Jesús Juárez Lezama— recibieron la notificación de la controversia desde septiembre de 2025, respondieron sin autorización del pleno y no informaron a los diputados, a la Mesa Directiva ni a la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo). Según la legisladora, esta omisión duró seis meses y permitió que se presentaran iniciativas de reforma que retomaban argumentos idénticos a los de la demanda federal, aparentemente para intentar subsanar el error legislativo y evitar una resolución adversa de la Corte.
Riestra calificó de “inadmisible” que un funcionario se asuma como “el diputado número 42” y actúe por encima de los representantes populares. Exigió la destitución inmediata de ambos funcionarios, el inicio de un procedimiento administrativo en su contra por posibles actos con dolo y errores graves, y presentó una queja formal ante el órgano interno de control del Congreso. La bancada del PAN, respaldada por diputados del PRI, coincidió en demandar la renuncia de De Lara y Juárez Lezama por negligencia administrativa y opacidad.
Ante las críticas, el secretario general Julio Leopoldo De Lara, optó por no rendir declaraciones públicas ni responder directamente a los señalamientos, según reportes de diversos medios locales.
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Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna acción concreta de remoción o sanción contra los señalados.
