El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, descartó este miércoles cualquier conflicto o falta de coordinación entre las fiscalías de Puebla y Tlaxcala en la investigación del homicidio del matrimonio Alexandro Tello y Karina Ruiz, ocurrido el 20 de febrero en los límites entre ambas entidades.
Subrayó que las dos entidades mantienen una relación institucional sólida en materia de seguridad, siendo incluso Tlaxcala uno de los primeros estados en firmar convenios bilaterales para blindar fronteras comunes y garantizar un intercambio fluido de información. Reafirmó que cada fiscalía opera con autonomía, pero con cruce permanente de datos y sin interferencias, y recordó que la Fiscalía de Puebla ya tiene tres personas detenidas en el marco de esta investigación.
Las declaraciones de García Parra llegaron en respuesta a una cadena de señalamientos que se desató el martes. La fiscal general de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, informó avances en la investigación y aclaró el concepto de delincuencia organizada sin adjudicarlo directamente al caso, señalando que la línea principal apunta a una deuda entre particulares.
Sus palabras, sin embargo, generaron una reacción inmediata del vocero del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, quien calificó las afirmaciones de Pastor como desafortunadas, precipitadas y producto de presión mediática. Martínez Velázquez fue más allá: cuestionó abiertamente que Puebla se pronunciara sobre una investigación cuya conducción principal corresponde a la Fiscalía tlaxcalteca por competencia territorial, al haberse cometido el homicidio en suelo tlaxcalteca, y descartó categóricamente cualquier vínculo con delincuencia organizada en las líneas de trabajo que sigue su entidad.
El cruce de declaraciones entre ambos gobiernos instaló en la agenda mediática la imagen de una disputa institucional que el Ejecutivo poblano buscó desactivar este miércoles.
