El proyecto de reforma política de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo plantea avances muy significativos al establecer una importante reducción del 25% en los costos de los procesos electorales y el financiamiento a los partidos políticos, además de eliminar el privilegio de las llamadas “listas doradas” para conformar el bloque de legisladores plurinominales, así como prohibir la reelección y el nepotismo. Un aspecto muy destacado es que, por primera vez, se buscará combatir las llamadas “guerras sucias” en las contiendas y que provienen del ámbito digital.
Pero al mismo tiempo se dejaron intactos muchos vicios que actualmente generan inequidad en los comicios, como son las campañas adelantadas de proselitismo y el uso de mecanismos de simulación para ocultar gastos en actividades de abierta promoción de aquellos políticos que buscan un cargo elección popular, como ser legislador, alcalde o gobernador.
Se deja una enorme “laguna” al no plantear el cómo se va a combatir la violencia y la difamación en el terreno digital, lo que podría llevar a que este aspecto quede simplemente en un intento de buena voluntad, pero que no se concrete.
Por ahora, suena utópico que se pueda sancionar a los sitios de las empresas Meta o de YouTube por difundir campañas anónimas en que se utiliza la inteligencia artificial y la abierta difamación para atacar a candidatos y partidos políticos. Sin ir más lejos, este miércoles se hackeó la página del Instituto Nacional Electoral y poco, o nada, se puede hacer contra ese tipo de atentados.
Otro aspecto poco positivo es que al final no se logró convencer a los aliados de Morena del proyecto de cambios electorales. Como son los casos del PT y del PVEM, cuyos votos son esenciales en el Congreso de la Unión para alcanzar la mayoría calificada que permita concretar la reforma política. Será hasta el lunes cuando esas fuerzas políticas definan si van a respaldar la propuesta presidencial.
Es muy loable la actitud de Claudia Sheinbaum de no limitar su propuesta al contentillo de los aliados de la 4T, como son los dirigentes petistas y del partido del tucán. Y sobre todo establecer que la opinión pública valore quienes quieren o quienes bloquean los cambios en materia electoral.
Pero al mismo tiempo el escenario político plantea que esos partidos se han convertido “en un mal necesario”, ya que sin sus votos en los plenos del Congreso de la Unión no se podrá alcanzar la reforma política. Tal como alguna vez ocurrió en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Todos a ganar votos
Sin duda alguna que la parte más sobresaliente del proyecto de reforma es la forma en que se integrará el bloque de legisladores plurinominales en el Congreso de la Unión –en caso de que el proyecto sea aprobado–, al plantear una idea central: todo aquel que quiera ser diputado federal o senador tendrá que hacer campaña electoral y salir a ganar los votos.
Con ello se elimina el privilegio de los dirigentes partidistas de poner sus nombres, o los de amigos, parientes o socios, al inicio de las listas de candidatos plurinominales y con ello garantizar un escaño o una curul en el Congreso de la Unión “sin ensuciarse los zapatos”.
De hecho, fue en el Congreso local de Puebla y durante el sexenio del entonces gobernador priista Melquiades Morales Flores, mediante una propuesta del Partido del Trabajo, que se innovó por primera vez en el país la llamada formula del “mejor perdedor”.
Que consiste en que el primer diputado plurinominal de cada partido es el candidato que obtiene el mejor resultado en una contienda, sin haber ganado la votación.
Ahora está trazando en la iniciativa de Palacio Nacional que 97 candidatos que no ganen las elecciones de diputados federales y tengan el mejor número de votos, se conviertan en legisladores de representación proporcional.
¿Y las campañas simuladas?
Un vacío que ha dejado la propuesta presidencial es que no se combaten las prácticas viciadas que producen contiendas inequitativas, y que favorecen a los partidos o aspirantes que tienen de su lado el poder político o el poder económico. Para ello, se echa mano de estrategia de simulación.
Como es el caso de personajes que, meses o años antes de iniciar un proceso electoral, se promueven con anuncios que supuestamente financian medios de comunicación, que por lo general son revistas o sitios de internet que se crean o se alquilan para la ocasión.
Sin ir más lejos, desde año pasado hay dos destacadas figuras del Poder Ejecutivo estatal cuyas fotos aparecen en espectaculares, así como en entrevistas digitales, que están promocionando su imagen –por todos lados de la capital– porque aspiran en 2027 ser candidatos a un cargo de elección popular, como es una diputación o ser alcalde de la ciudad de Puebla.
Ellos argumentan que no tienen nada que ver con el pago de esos anuncios. Incluso niegan tener aspiraciones electorales. Que se trata de campañas que “financian medio de comunicación”. Y al mismo tiempo, el partido político al que pertenecen se deslinda de esas actividades proselitistas.
Tal situación plantea que quien no tiene de su lado un enorme presupuesto, sin importar su origen, no puede aspirar a un cargo de elección popular.
