El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad, con 121 votos a favor, el dictamen que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reducir la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece una implementación gradual que permitirá a empresas y trabajadores adaptarse progresivamente al nuevo límite. De acuerdo con el dictamen aprobado, la reducción se aplicará de la siguiente manera:
- 2026: se mantienen las 48 horas semanales actuales
- 2027: jornada máxima de 46 horas
- 2028: 44 horas
- 2029: 42 horas
- 2030: se alcanza definitivamente el tope de 40 horas semanales
La reforma busca mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal de las y los trabajadores, acercando a México a estándares internacionales más comunes en materia de tiempo de trabajo. Se estima que beneficiará directamente a más de 13.5 millones de personas en el sector formal.
Durante el debate, senadores de diversos grupos parlamentarios destacaron el avance en materia de derechos laborales y salud pública. Sin embargo, la oposición (integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) criticó que el texto no establece de forma explícita la obligatoriedad de dos días de descanso semanal, lo que podría permitir mantener esquemas de seis días laborables durante la transición, con un solo día de descanso obligatorio. También se demandó mayor precisión en el límite de horas extras (máximo 12 por semana) y otras disposiciones para evitar interpretaciones que favorezcan al sector empresarial.
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El dictamen fue avalado previamente por unanimidad en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y de Trabajo y Previsión Social el 10 de febrero. Ahora, la reforma pasará a la Cámara de Diputados para su revisión y posible aprobación en lo general y particular. De completarse el proceso legislativo, se enviará al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Esta modificación constitucional representa uno de los cambios más relevantes en el derecho laboral mexicano en las últimas décadas, aunque su impacto real dependerá de la reglamentación secundaria en la Ley Federal del Trabajo y de la vigilancia en su cumplimiento.
