El Gobierno del Estado de Puebla enviará al Congreso local, después de mayo de 2026, un paquete de iniciativas clave para el combate a la corrupción, entre las que destacan la Ley Antimilpa, la Ley Antimoche y una nueva Ley del Notariado, informó el coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra.
En declaraciones a medios, el funcionario explicó que la Ley Antimilpa aún se encuentra en fase de preparación, por lo que no ha iniciado su ruta legislativa. La iniciativa tiene como propósito central cerrar espacios a prácticas de corrupción en la administración pública, fortalecer los mecanismos de control y garantizar procesos de contratación gubernamental más transparentes y verificables.
De acuerdo con García Parra, la propuesta contempla tres ejes principales: impedir actos de corrupción por parte de servidores públicos; evitar que empresarios busquen obtener contratos mediante dádivas o incentivos indebidos; y establecer reglas claras para que las empresas que participen en contratos públicos destinen inversiones a proyectos de beneficio social e interés público.
En paralelo, el Ejecutivo estatal prevé presentar la Ley Antimoche, cuyo objetivo será que las empresas con contratos estatales reinviertan en los municipios donde ejecuten obras y servicios. Con ello, se busca erradicar esquemas ilegales conocidos como “moches” y fomentar la corresponsabilidad social empresarial, bajo un marco legal claro y transparente.
García Parra recordó que en administraciones anteriores existían mecanismos de participación de la iniciativa privada en el cuidado de espacios públicos, como parques y áreas comunes, lo que generaba beneficios colectivos. Este modelo se retomaría bajo nuevas reglas para prevenir acuerdos ilegales entre funcionarios y empresarios. Como ejemplo, mencionó el proyecto del gobernador Alejandro Armenta para crear jardines en los bajo puentes del Periférico Ecológico, con la participación de comunidades extranjeras asentadas en Puebla.
Respecto a la nueva Ley del Notariado, el coordinador del Gabinete señaló que busca transparentar procesos, mejorar trámites y corregir irregularidades detectadas en diversas notarías, algunas relacionadas con presuntos casos de despojo de predios. Aclaró que no se contempla eliminar ni crear nuevas notarías por ahora, sino perfeccionar el modelo actual para hacerlo más accesible, claro y confiable.
