A pesar de las versiones que apuntan que Juan Carlos Moreno Valle Abdala estaría impedido para participar en el proceso de selección del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), por no cumplir con uno de los requisitos de la convocatoria emitida por el Congreso local, la verdad es que tal interpretación es errónea.
El punto 4 de la Base Segunda de la convocatoria dice que las personas que sean propuestas para ocupar dicho cargo deben acreditar (cito textualmente) “No haber sido, durante los tres años anteriores a su nombramiento, Gobernador o Gobernadora del Estado; titular de alguna dependencia o entidad del Gobierno Federal o local, con excepción de los órganos responsables del control interno; Senador o Senadora; Diputado o Diputada Federal o Local; Ministro o Ministra; Magistrado, Magistrada, Jueza o Juez del Poder Judicial Federal o del Estado; Presidente o Presidenta Municipal, o dirigente de partido político alguno, ni haber sido postulado o postulada para cargo de elección popular durante el año previo al día de su nombramiento”.
Ciertamente Juan Carlos Moreno Valle fue secretario del gabinete del gobernador sustituto Sergio Salomón Céspedes Peregrina hasta diciembre de 2024.
Pero hay que aclarar una cuestión: fue titular de la Secretaría de la Función Pública, que hoy se denomina Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dependencia que es el órgano interno de control del Ejecutivo estatal.
Y esa es precisamente la excepción enunciada en el punto 4 de la Base Segunda: “No haber sido, durante los tres anteriores a su nombramiento, titular de alguna dependencia … con excepción de los órganos responsables de control interno…”
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Los moches y milpas de la Comisión de Atención a Víctimas
Carolina Botello Baltazar no parece ser la única a la que le mochaban parte de su salario en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceaavipue).
Empleados se comunicaron con este reportero para informar que también fueron víctimas de esta nefasta práctica, que no era generalizada, pues solo se ejercía sobre el personal invitado a la Comisión por la titular del organismo, Lizeth Gallegos Lozano.
Vía WhatsApp y llamadas telefónicas, narraron que los descuentos variaban, pues a unos les quitaban 6 mil pesos de los 36 mil que ganaban al mes, a los subdirectores 4 mil mensuales, y a los analistas entre 2 mil y 3 mil pesos.
Según estas versiones, la titular de la Comisión se llegaba a embolsar con estos descuentos y algunos pellizcos a los gastos por mantenimiento, fumigación y otros, alrededor de 40 mil pesos.
Lizeth Gallegos fue candidata de Nueva Alianza a la presidencia municipal de San Andrés Cholula en 2021 y candidata suplente de Morena a diputada local por el Distrito 18 con cabecera en Cholula de Rivadavia en los comicios de 2024. La legisladora propietaria de esta demarcación es Nayeli Salvatori Bojalil.
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El comunicado oficial que este día emitió la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, informando a partir de la semana anterior dejaron de pertenecer a la misma Lorena Medel García, quien se desempeñaba como directora de Asesoría Jurídica, y Carolina Botello, quien fungía como asesora jurídica, es inexacto y poco creíble, pues todavía anoche –después de una semana– el nombre de la primera aparecía en el directorio del organismo.
Pero además, de acuerdo con mensajes de WhatsApp que intercambió con Carolina Botello el miércoles pasado, anticipándole que su contrato como personal de confianza no le sería renovado, Lorena Medel seguía como directora de Asesoría Jurídica.
Su remoción se dio hasta ayer martes cuando Carolina Botello declaró en medios que su despido obedeció a su inconformidad por los préstamos y moches que tenía que pagar para continuar en la Comisión, y no a una pérdida de confianza por su actividad en la página azul.
Foto: Especial
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