Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y copropietario del 50% del certamen Miss Universo, enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto tráfico de drogas, armas y combustible, así como vínculos con redes de delincuencia organizada. La indagatoria fue revelada por Carlos Loret de Mola y confirmada por el diario Reforma, que documentó la existencia de una orden de aprehensión y la incorporación del empresario al programa de testigos protegidos.
Investigación por huachicol, armas y vínculos con el crimen organizado
De acuerdo con la investigación, Rocha Cantú es considerado una figura relevante dentro de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos desde Guatemala hacia México. El combustible ingresaría a través del río Usumacinta y posteriormente sería trasladado en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta el estado de Querétaro. La FGR asegura que el empresario operaba mediante centros logísticos ubicados en ese estado, incluidos los inmuebles “La Espuela” y “El Patio”, donde presuntamente se almacenaba y mezclaba combustible ilícito para su distribución.
La indagatoria también señala que la red de Rocha Cantú participaba en el tráfico ilegal de armas, presuntamente abasteciendo a organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y el grupo delictivo La Unión Tepito. Documentos citados por Reforma indican que diversas empresas de seguridad privada habrían sido empleadas para adquirir, transportar y rematricular armamento, entre ellas SEGURIMEX, SETER y Servicios Integrales Valbon.
De denuncia anónima a orden de aprehensión
La investigación formal inició el 29 de noviembre de 2024, tras una denuncia anónima que proporcionó nombres, ubicaciones y detalles operativos de la red. Más tarde, en diciembre de ese mismo año, la FGR realizó intervenciones telefónicas que revelaron negociaciones relacionadas con armas y combustibles, donde surgió el nombre del empresario.
El 6 de agosto de 2025, la FEMDO solicitó ante un juez federal una orden de captura por delincuencia organizada, tráfico de armas, delitos contra la salud y tráfico de hidrocarburos. Aunque el juez inicial se declaró incompetente, el proceso siguió avanzando mientras Rocha Cantú solicitaba un criterio de oportunidad, con la intención de convertirse en testigo colaborador.
Durante cateos realizados en febrero de 2025, autoridades aseguraron un disco duro con un contrato de compraventa relacionado con el inmueble “La Espuela”, así como documentos sobre presuntas aportaciones económicas del empresario a la red criminal.
