El Senado de la República aprobó el miércoles 19 de noviembre, con 110 votos a favor y cero en contra, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una norma que busca combatir de manera frontal uno de los delitos que más ha crecido en México en los últimos años.
La minuta, que había sido enviada por la Cámara de Diputados, fue enriquecida por los senadores con más de 20 modificaciones en 15 artículos y la adición de un nuevo transitorio. Al tratarse de cambios sustanciales, el dictamen regresó a San Lázaro para su revisión y, en su caso, ratificación definitiva.
Penas más severas
El texto establece penas de 15 a 25 años de prisión como sanción base por el delito de extorsión, pero contempla agravantes que pueden elevar la condena hasta 42 años cuando:
- Se cometa desde el interior de un centro penitenciario
- Se utilice violencia física o moral
- Participe delincuencia organizada
- Involucre “montachoques” o accidentes provocados
- Se trate del cobro de “piso” a comercios o actividades económicas
- Las víctimas sean migrantes, candidatos o servidores públicos
Medidas clave de la nueva ley
- La extorsión se perseguirá de oficio, sin necesidad de denuncia de la víctima
- Prohíbe y sanciona el ingreso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos a las cárceles, principal origen de las extorsiones telefónicas
- Crea unidades especializadas en todas las fiscalías, un centro nacional de denuncia anónima y un Sistema Nacional de Información sobre Extorsión
- Incorpora perspectiva de género en la atención a víctimas y obliga al respeto irrestricto de derechos humanos durante las investigaciones
- Castiga a funcionarios públicos que sean cómplices o que omitan actuar ante el delito
La aprobación ocurre en un contexto donde la extorsión se ha convertido en el tercer delito más frecuente en México, solo detrás del robo y el fraude, con una cifra negra altísima debido al miedo de las víctimas a denunciar.
La reforma constitucional que permitió esta ley general fue publicada en septiembre de 2025. Una vez que la Cámara de Diputados avale los cambios introducidos por el Senado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podrá promulgarla y entrará en vigor en todo el territorio nacional con un tipo penal único y homologado.
