La diputada local Fedrha Isabel Suriano Corrales, de Movimiento Ciudadano, presentó ayer una iniciativa para reforzar el control legislativo sobre el manejo de los recursos públicos en Puebla, proponiendo que el Gobierno del estado solo pueda realizar inversiones en instrumentos financieros de riesgo con autorización de la mayoría absoluta del Congreso local.
La propuesta plantea reformar el artículo 33, fracción XXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, luego de que inversiones de alto riesgo realizadas en administraciones pasadas –como el caso Accendo Banco, en el que el estado perdió más de 600 millones de pesos– pusieran en evidencia la falta de mecanismos de supervisión previos.
Inversiones, solo con autorización legislativa
De acuerdo con la iniciativa, ni la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración ni sus titulares o servidores públicos podrán colocar recursos públicos en instrumentos financieros de riesgo sin una solicitud previa, fundada y motivada, presentada por la persona titular del Poder Ejecutivo, y aprobada por el Congreso del estado.
Suriano Corrales argumentó que este candado busca evitar decisiones unilaterales que comprometan el patrimonio estatal y garantizar que las inversiones respondan al interés público y no a criterios discrecionales.
Excepciones, solo para operaciones operativas y sin riesgo
La iniciativa establece que la única excepción serán las operaciones indispensables para la custodia, administración y flujo operativo del gasto público, siempre que se realicen en cuentas bancarias o instrumentos de disponibilidad inmediata y sin riesgo de pérdida del capital. Además, deberán celebrarse exclusivamente con instituciones reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.
El antecedente de Accendo Banco
La discusión sobre el manejo financiero del Gobierno estatal cobra relevancia tras el desfalco de más de 600 millones de pesos invertidos por el estado en Accendo Banco, institución cuya licencia fue revocada en 2021 y que entró en liquidación judicial. Por ese caso existen denuncias penales y administrativas contra exfuncionarios y sanciones como la inhabilitación de la entonces secretaria de Finanzas en la administración del gobernador fallecido Miguel Barbosa Huerta, María Teresa Castro Corro.
Para la diputada, este antecedente evidencia la urgencia de regular estrictamente las inversiones públicas y evitar nuevos riesgos para las finanzas estatales.
