El presidente Donald Trump determinó que Estados Unidos está inmerso en un “conflicto armado” formal contra los carteles de la droga que su gobierno ha calificado como organizaciones terroristas, y que los presuntos traficantes para dichos grupos son “combatientes ilegales”. Así lo informó su administración en un aviso confidencial enviado al Congreso esta semana, según reveló el diario estadounidense The New York Times.
De acuerdo con el medio, el documento fue remitido a varios comités legislativos y busca justificar tres ataques militares estadounidenses en el mar Caribe el mes pasado, ordenados por Trump contra embarcaciones que presuntamente transportaban droga. Los bombardeos dejaron 17 muertos.
Especialistas en derecho internacional explicaron que, al considerar la campaña contra los carteles como un conflicto armado activo, Trump estaría reclamando facultades de guerra extraordinarias: matar combatientes enemigos incluso sin amenaza inmediata, detenerlos indefinidamente sin juicio y juzgarlos en cortes militares.
Sin embargo, expertos han cuestionado la validez de esta postura. Geoffrey S. Corn, exasesor jurídico del Ejército en temas de Derecho de guerra, advirtió que los carteles no cumplen el estándar de “hostilidades” contra Estados Unidos: “esto no es estirar el marco legal, es destrozarlo”, declaró.
La Casa Blanca, por su parte, defendió la decisión. Anna Kelly, vocera presidencial, aseguró en un correo que Trump actuó “en línea con el derecho de los conflictos armados para proteger a nuestro país de quienes intentan traer veneno mortal a nuestras costas”.
El gobierno ha calificado las operaciones como “defensa propia”, señalando que las leyes de guerra permiten eliminar a los sospechosos vinculados con carteles designados como terroristas. También ha subrayado que cerca de 100 mil estadounidenses mueren cada año por sobredosis. No obstante, The New York Times subraya que los ataques se han centrado en embarcaciones procedentes de Venezuela, mientras que el auge de muertes por fentanilo está vinculado principalmente con México.
El aviso al Congreso describe a los carteles como “grupos armados no estatales” cuyos actos constituyen “un ataque armado contra Estados Unidos”. Según el documento, el país se encuentra en un “conflicto armado no internacional” con dichas organizaciones, figura jurídica habitualmente utilizada para guerras civiles.
La medida recuerda a la justificación legal que usó el gobierno de George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para aplicar poderes de guerra contra Al Qaeda. Sin embargo, en ese caso existió un ataque directo y el Congreso autorizó el uso de la fuerza. En contraste, Trump equipara la venta de drogas con un ataque armado sin autorización legislativa.
La notificación incluso justificó una operación del 15 de septiembre en la que Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses abatieron a tres tripulantes de un barco, catalogándolos como “combatientes ilegales”.
La iniciativa ha generado críticas en el Congreso. El senador demócrata Jack Reed acusó a Trump de “librar guerras secretas contra cualquiera que él considere enemigo” sin pruebas ni justificación legal creíble.
Otros especialistas, como Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado, pusieron en duda que grupos como el Tren de Aragua cumplan con los requisitos de organización armada que exige el derecho internacional para hablar de un conflicto armado. Un informe de inteligencia desclasificado describió a esa organización venezolana como células criminales locales “descentralizadas” con poca capacidad de coordinación.
Con esta postura, según The New York Times, Trump lleva la retórica de la “guerra contra las drogas” a un terreno sin precedentes: el de un conflicto armado formal, con implicaciones legales y militares que aún carecen de consenso dentro y fuera del gobierno.
