Empleados de la Secretaría de Educación Pública del estado me hacen llegar información de René Reséndiz Jacobo, quien hace unos días fue nombrado integrante de la Comisión Académica Dictaminadora (CAD), que se encargará de adjudicar las plazas docentes en los tres planteles de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Puebla.
De entrada, confirman que se trata de un personaje cercano al subsecretario de Educación Superior y exlíder de la Sección 23 del SNTE, Gonzalo Amador Juárez Uribe, pero con antecedentes de nepotismo, malos tratos y favoritismo en el otorgamiento de plazas, principalmente a familiares.
En los reportes enviados se precisa que René Reséndiz tiene a tres hermanos en la nómina educativa: Gumersindo, que en abril de 2025 obtuvo una plaza federal de profesor investigador de enseñanza superior Titular A, y que labora en la Coordinación de Desarrollo Educativo (CORDE) de Tepeaca.
Paulina, quien también tiene plaza federal como Administrativa Especializada en la Escuela Normal Superior de Tehuacán; y Justina, también de apellidos Reséndiz Jacobo, con plaza de analista especializada C de tiempo completo en la Coordinación Centro Educativo Tepeaca.
¿Usted cree que con estos antecedentes el maestro en Nuevas Tecnologías para el Aprendizaje y doctor en Ciencias de la Educación, René Reséndiz Jacobo, será un académico confiable que garantizará que las mejores plazas de formadores docentes las obtengan los profesores mejor preparados y capacitados?
Foto: Especial
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Dos jueces de control y oralidad penal que acumulan varias quejas y denuncias por su desempeño están por ser denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción por enviar y retener en prisión a una trabajadora doméstica que fue acusada por fraude, no obstante ser víctima de usurpación de identidad.
Se trata de los jueces Salvador Hernández Martínez y Alejandra Román Pérez, ambos de la Casa de Justicia de Puebla, quienes se rehúsan a modificar la medida cautelar que tiene a la señora Janet Ramírez Durán en la cárcel, pese a que nunca fue notificada de la existencia de un proceso penal en su contra.
Ante la injusticia de que es víctima, los señores de la casa donde prestaba sus servicios de limpieza están costeando su defensa, en solidaridad con la señora a la que le abrieron sin su consentimiento una cuenta bancaria donde recibió un depósito de 200 mil pesos que un estafador también retiró suplantando su identidad, sino porque la parte que la denunció por fraude (Ángel Israel Aguilar Castro y Raúl Medina Sánchez) ha intentado extorsionar a sus familiares pidiéndole una cantidad similar ahora y otra por el mismo monto durante la audiencia.
El juez Salvador Hernández ha sido objeto de cuestionamiento, entre ellos de Luis Rodríguez Bucio, quien fuera subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, por permitir la liberación de Miguel Ángel Maceda Carrera, alcalde de Piaxtla, Puebla, aun cuando un juez federal le ordenó reponer el procedimiento en contra del presidente municipal.
Lo mismo sucede con la jueza Alejandra Román, quien recientemente fue denunciada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante el Consejo de la Judicatura por permitir la incorporación de nuevos datos por parte de la defensa durante una audiencia, a pesar de que éstos no fueron presentados ni expuestos en su primera intervención, tal como lo como manda el debido proceso.
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