Dentro de cuatro meses se cumplirán cuatro años de que un ducto de Pemex explotó en el tramo que pasa por la calle Ferrocarriles de San Pablo Xochimehuacan, en el municipio de Puebla, que dejó un saldo de un muerto, 11 heridos y 265 vecinos con sus casas devastadas. Todo indica que, al final, Petróleos Mexicanos (Pemex) abandonó a su suerte a los damnificados, ya que la paraestatal no atendió la destrucción de las viviendas y la salud física y emocional de los habitantes de esa zona.
Lo más grave es que Pemex, luego de la explosión, no ha hecho nada para evitar que vuelva a ocurrir una tragedia similar en toda la amplia zona que recorre el mismo ducto a un costado la autopista México-Puebla, correspondiente al área urbana de la capital poblana, pasando frente a unidades habitacionales, fábricas y la Central de Abasto, además de estar a un lado de la vía de comunicación por la cual circulan a diario un promedio de 48 mil vehículos.
Tales conclusiones se deducen del contenido de un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en donde exhibe la conducta negligente de Pemex.
La explosión del ducto 24 de Pemex, en la ruta Cactus-Tula-Guadalajara, ocurrió a las 2:40 de la madrugada del 1 de octubre de 2021. El detonante fue una toma clandestina de robo de gas LP, lo cual provocó la tragedia en la calle Ferrocarriles de la junta auxiliar San Pablo Xochimehuacan.
En esa ocasión, se tuvo que evacuar a 2 mil habitantes del área del siniestro, pero fueron 265 personas las que tuvieron los mayores daños, al quedar destruidas de manara parcial o total sus viviendas. Además de sufrir alteraciones en su salud física y emocional.
Los 265 afectados presentaron una queja ante la CNDH para denunciar el mal trato que recibieron luego de la tragedia.
El organismo, tras meses de investigación, expuso que, efectivamente, se violaron los derechos humanos de los damnificados antes y después del percance del ducto de Pemex, razón por la cual el 31 de agosto de 2023 emitió la recomendación 169/2023 en contra del Ayuntamiento de la ciudad de Puebla y principalmente dirigida a Pemex.
En esa recomendación se le pidió a Octavio Romero Oropeza, en ese entonces director general de Pemex y actualmente director nacional del Infonavit, que se debía resarcir el daño de manera integral de las viviendas siniestradas, además de garantizar la seguridad y recuperación de la salud física y emocional de los 265 pobladores que directamente fueron victimas de la destrucción que se provocó con el estallido de la tubería que transporta gas LP.
Luego de que se emitió la recomendación, casi todo el mundo se olvidó de dicho documento.
Resulta que hace unos días, una persona de la ciudad de Puebla hizo una solicitud de información a la CNDH, de la siguiente manera:
“Por ser de interés público solicito amplia información respecto al seguimiento y actualización de datos al día de hoy con relación a la Recomendación 169/2023, no solo que dicha recomendación fue aceptada por el ayuntamiento de Puebla, sino qué ha sucedido por parte de Pemex en cuanto a su aceptación o no y sobre todo las acciones PUNTUALES derivadas de dicha Recomendación y su seguimiento por parte de la CNDH”. (Sic)
La semana pasada, María José López Lugo, quien es la titular de la Unidad de Transparencia de la CNDH, contestó a esa solicitud de información mediante el oficio CNDH/P/UT/1308/2025, en el cual se establece lo siguiente:
“…respecto al seguimiento y actualización de datos al día de hoy –13 de junio pasado– con relación a la Recomendación… no existe expresión documental que atienda su requerimiento, toda vez que, derivado de la respuesta negativa para aceptar la Recomendación 169/2023 por parte de la autoridad recomendada no han existido acciones puntuales para el cumplimiento a las recomendaciones específicas que le fueron dirigidas en el instrumento recomendatario”. (sic)
Dicho de una manera clara y sencilla: Pemex mandó al carajo la recomendación de la CNDH y, por ende, a los damnificados por la explosión.
¿Qué dice la recomendación?
La recomendación de la CNDH en cuestión tiene una extensión de 147 cuartillas, producto de una exhaustiva investigación de lo que pasó antes, durante y después de la explosión del ducto de Pemex en San Pablo Xochimehuacan.
Intentando comprimir la información por parte de este tecleador, se expone que la recomendación inicia acusando que Pemex y el Ayuntamiento de Puebla violaron los derechos humanos de los vecinos de San Pablo Xochimehuacan debido a que, antes de la explosión del ducto, no se hizo nada para recuperar las franjas de seguridad que debe haber en torno a dicha tubería de traslado de hidrocarburos.
Y luego advierte que, en los meses después de la explosión, Pemex no ha hecho nada para garantizar la seguridad de la población en la misma zona del desastre.
En las muchas recomendaciones que hace el organismo, le pide a la paraestatal que haga una rehabilitación integral de las viviendas devastadas por el desastre.
Primero, le solicita a Petróleos Mexicanos que se haga un censo para determinar el grado del daño sufrido en cada casa ubicada en el polígono alcanzado por la explosión.
Y, en segundo lugar, que se firme un convenio institucional con otras áreas de gobierno para atender las necesidades colectivas de ordenamiento territorial de los pobladores afectados de Xochimehuacan.
En resumen: la CNDH le pide a la empresa petrolera que se les dote de viviendas a los damnificados de acuerdo con sus necesidades y garantizando que estén fuera del área de riesgo en donde ocurrió el desastre del 1 de octubre de 2021.
También le requiere que el censo antes mencionado se utilice para determinar el grado de daño emocional, físico y psicológico de los damnificados.
En ese sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le advierte a Pemex que debe dar acompañamiento médico y con la compra de medicamentos a las víctimas hasta que alcancen la sanación.
