Quien francamente luce ya desesperado, es el ex alcalde capitalino Eduardo Rivera Pérez. Lo que sucede al interior del PAN cada vez lo margina más.
Él y su grupo se quedaron sin su base de poder. Toda política debe tener un fundamento local y Lalo carece de él. Dice representar lo que ya no trae.
En Puebla, él y su grupo se dirigen al ostracismo, por eso ha decidido radicalizarse. Perdieron 3 a 1 la dirigencia juvenil. Y, a nivel nacional, su candidato a la Secretaría de Acción Juvenil también decidió echarse para atrás. Lalo Rivera y su esposa Liliana Ortiz habían decidido jugarle las contras a Jorge Romero e impulsar al candidato de Aguascalientes. Ya habían comenzado a levantar las firmas en Puebla para su registro. No supieron leer los mensajes. El proyecto del joven Baruc era contrario al de la dirigencia nacional. Por ello terminó de descarrilarse; incluso, antes del registro oficial. Todo un nuevo descalabro para Lalo.
De la misma manera, su posición para competir por el Comité Directivo Municipal es muy débil. Lalo sabe que tiene una desventaja muy grande. Su desgaste al interior de la militancia panista es inmenso, debido al maltrato con el que se condujo cuando gobernó la ciudad.
Pero lo que ha originado el cambio en la actitud de Lalo Rivera es otra gran preocupación. Lalo ha sido notificado de que el dictamen de su Cuenta Pública 2022 es negativo. En otras palabras, el fallo de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que ya es definitivo, recomienda el inicio de diferentes procedimientos administrativos (incluso penales). Lo peor es que la Cuenta Pública 2023 también viene en sentido negativo y el pliego de observaciones supera los mil cien millones de pesos.
Todo ello es, realmente, lo que explica su radicalización. Mientras, en el CEN pierde su tiempo tratando de hacer negocios y vendiendo software, a nivel local cree que la ruta de la victimización es su mejor estrategia. Él considera que ya le funcionó en una ocasión.
Aunque el dictamen de su cuenta pública es negativo y le fue notificado hace varias semanas, ahora pretenderá argumentar que es una persecución por su postura opositora frente al Gobierno estatal.
Difícil contexto para Lalo y su grupo. Su incapacidad política acumula cada vez más facturas. El reloj administrativo avanza inexorablemente. ¿Funcionará su estrategia de victimización 2.0? Veremos.
Omar Muñoz recupera impuestos de la Vocho
Un alcalde que merece ser reconocido por su trabajo a favor de la gente que gobierna, es el de Cuautlancingo, Omar Muñoz, quien se ha fajado los pantalones para meter orden en todos los sentidos.
Con energía, pero también con diplomacia, Muñoz entró en pláticas con la empresa automotriz, Volkswagen de México, la cual se asienta en una buena parte del territorio de la junta auxiliar Sanctórum, perteneciente a este municipio.
En pasadas administraciones, la empresa automotriz alemana eludió el pago del impuesto predial o solo pagaba una bicoca con relación a la extensión de terreno que ocupa esta empresa.
En otras gestiones, Volkswagen solo pagó como máximo 6 millones de pesos por concepto de impuesto predial, esto era completamente injusto.
Omar Muñoz tomó “el toro por los cuernos” y entabló pláticas con los representantes de la industria automotriz alemana, mismas que se prolongaron durante varios meses hasta que por fin se llegó a un acuerdo, VW pagará más de 60 millones de pesos, por concepto de impuesto predial a Cuautlancingo, dinero que se irá de manera directa a la dotación de infraestructura, la mayoría deportiva y recreativa, para todos los habitantes, principalmente los jóvenes de este municipio.
Se busca impulsar en este municipio distintas actividades, fútbol, béisbol, box y un parque recreativo para las familias.
Cuautlancingo tiene un buen presidente municipal en la persona de Omar Muñoz y no hay que perder de vista que es la demarcación de mayor crecimiento poblacional en Puebla en los últimos años.
Legitimar el despojo
Pronto le daré santo y seña de la colusión que existe entre José Tomás Hernández Pérez, quien se dedica a comprar carteras de deudores de créditos inmobiliarios y varios jueces poblanos, entre ellos el séptimo de lo Civil, Humberto Borja Sánchez, para despojar a la gente de sus casas.
Esto es muy común en Puebla, ambos son parte de una mafia inmobiliaria, la cual cuenta con la complicidad de notificadores, registradores públicos y notarios.
Su modus operandi, no notificar al afectado para despojarlo de su casa.
