Alfredo Téllez
Con el objetivo de dar a conocer las razones de su creación, sus repercusiones en la actividad económica del país, los sujetos obligados y las sanciones, entre otros aspectos, se presentó en la Escuela Libre de Derecho de Puebla (ELDP), el libro “Para conocer la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, también llamada “Ley Antilavado”.
En un evento realizado en el Aula Magna de la institución, su autor, Silvino Vergara Nava, dijo que el gran problema que se expone en ese trabajo es que primero se creó la ley, para después fundar la teoría jurídica, es decir, carece de la doctrina suficiente que la sustente, por lo que se trata de una legislación económica que pudiera tener problemas jurídicos y constitucionales.
Ante abogados, administradores, contadores públicos e integrantes de la “Comunidad Libre”, subrayó que las multas por la comisión de las infracciones son excesivamente onerosas, lo que demuestra la desproporcionalidad del ordenamiento, que las regulaciones administrativas por debajo del reglamento contradicen a la propia norma y que en ciertas ocasiones esa facultad administrativa-legislativa, tiene mayores alcances que la misma.
Expuso que en la obra escrita también se analiza el problema de la interpretación de las disposiciones legales que al utilizar términos económicos se pierde de vista que en la legislación mexicana -como lo dicta la doctrina francesa por la cual se promulgó el Código Civil de 1804-, se debe de utilizar un leguaje accesible para los ciudadanos al grado de considerar a la ley como un manual del comportamiento del ciudadano, lo cual representa una contradicción en la interpretación de las obligaciones de los gobernados, y con ello incertidumbre jurídica.
Vergara Nava, quien se desempeña como docente de licenciatura y posgrado de la ELDP, agregó que la “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, está limitando el crecimiento del país, y que el afán con que vivimos de “tropicalizar” las instituciones que no son propias genera una reacción en la población: El incumplimiento generalizado de dichos mandatos.
“Cada día observamos cómo la legislación abre nuevos horizontes para vigilar al gobernado, bien pudiera considerarse que esta regulación administrativa se trata de un dron jurídico más, como aquellos que hoy están navegando por el mundo”, concluyó.
