El gobierno de Alejandro Armenta ha recibido un reto por parte de un sector que de manera habitual confronta a las autoridades estatales y se pasa por el arco del triunfo las leyes y los reglamentos que intentan –al menos en teoría– meter orden en su actividad: el de los transportistas. Los dueños de las concesiones del transporte público no solo no reconocieron como positiva la prórroga de seis meses otorgada por la nueva administración para cambiar sus unidades viejas y obsoletas, sino que avisaron –ya desde ahora– que no la acatarán.
La Ley estatal de Transporte establece un periodo de vida útil para taxis, combis, microbuses y camiones de entre siete y 12 años, lo que tendría que haber dejado fuera de circulación, el último día del año pasado, a 19 mil 786 unidades. Esto no ocurrió, gracias a un nuevo plazo de seis meses obsequiado por el gobierno del morenista Armenta, que decidió otorgar una prórroga para permitirles a los concesionarios hacer el cambio sin recurrir a los pretextos de siempre. La medida no parece ir por buen camino.
Como otras veces en el pasado, los sufridos dueños de las concesiones ya levantaron la voz y advirtieron al mismo gobierno que les quiso ayudar que no cambiarán nada, porque no tienen dinero. Y agregaron, unos de manera pública y otros privada, a través de las reuniones que han tenido con funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte, que mientras no consigan el alza en la tarifa que pelean desde hace unos meses y la eliminación de las tarifas preferenciales para algunos de sus usuarios, menos lo harán.
Le han plantado cara al gobierno del estado que mañana cumplirá su primer mes. Y lo han hecho porque en el pasado, siempre, han salido victoriosos. Si bien no han obtenido un aumento desde 2019, sí han podido librar esa parte de la Ley del Transporte que en el papel les obliga a renovar sus unidades cada periodo de tiempo, para beneficio –aunque sea, se insiste, teórico– de las miles de personas que todos los días requieren de este (horrendo) servicio para trasladarse a sus destinos.
Una parte importante de los problemas que padecen los usuarios del transporte público tiene que ver con ese “dejar hacer a los concesionarios lo que les venga en gana”. Por eso es que, desde el principio, al asumir esa actitud de desprecio a la ley y a las necesidades de las personas que pagan para que se les lleve de un sitio a otro, han planteado un reto al nuevo gobernador, que tiene en dos colaboradores la posibilidad de salir airoso, o no.
Silvia Tanús y Juan Manuel Vega se juegan el puesto en esta misión. La primera, como secretaria de Movilidad y Transporte, y el segundo, como subsecretario del Transporte, tienen la encomienda de concretar para la administración de su jefe una sentida exigencia de los poblanos, para el “pueblo” que tanto anteponen Morena y la 4T en el discurso como el eje rector de sus políticas públicas y de todas sus acciones.
Si Alejandro Armenta quiere resolver las necesidades de los habitantes del estado, como dice, forzar a los transportistas a sacar de las calles la chatarra que utilizan será una buena muestra, un buen caso para perfilar el tipo de gestión que imperará en Puebla en los años por venir.
Por eso es tan importante el papel de Tanús y Vega en esta historia. Si consiguen la hazaña, si obligan a los transportistas a cumplir la ley, solo eso, ayudarán al gobernador a demostrar que lo que ha expresado, desde la precampaña morenista hasta el día de hoy, es verdad. Y no un mero recurso propagandístico.
¡Feliz nuevo año 2025!
