Alfredo Téllez
Puebla, Puebla.- La abogada general de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Rosa Isela Ávalos Méndez, afirmó que se mantendrá el acompañamiento legal de los estudiantes que fueron detenidos durante una manifestación el pasado lunes, por lo que se dará seguimiento a las acciones legales que pretendan tomar los jóvenes.
“Lo que vamos a hacer es continuar con el acercamiento con los chicos, ellos no tienen ningún cargo con el ministerio público, no hubo nada con juzgados calificadores, por lo que en estos momento ellos no tienen ningún problema”, acotó.
“Hubo jóvenes que se acercaron para solicitar el apoyo, les pedimos que nos comunicaran con los padres de familia a fin de que pudiéramos apoyar más en la defensa en caso de que hubieran sido remitidos al ministerio público”, manifestó.
En este sentido, detalló que si bien es cierto que se presentó una denuncia por el secuestro de unidades del transporte público, en las que presuntamente los manifestantes se trasladaron a la zona de Angelópolis, no se les pudo comprobar a Shariff Guerrero Contreras y a Edgar Juárez González su culpabilidad por este delito.
Megacable retrasa obras de la BUAP
En otro orden de ideas, Ávalos Méndez hizo nuevamente un llamado a la empresa Megacable para que entregue el inmueble ubicado en la 11 Sur entre 47 y 49 Poniente, pues recordó que el contrato de comodato ya venció; tal situación, dijo, atrasa el desarrollo de la institución, ya que se tiene contemplado construir en ese espacio una gran plaza de servicios en beneficio de la comunidad universitaria, como servicios jurídicos, contables, médicos, entre otros.
La defensora de la máxima casa de estudios de la entidad, recordó que existe un juicio en contra de la empresa, el cual —dijo— han estado alargando lo más posible, “jugaron con los tiempos, pero legalmente se está haciendo el procedimiento de recuperación”, explicó.
Informó que la empresa de televisión, cable e Internet presentó una oferta a la BUAP de ampliar el periodo de renta, incluso de incrementar el costo de la misma, pero la funcionaria explicó que eso no conviene a los intereses de la institución.
