“La diputación dura tres años, pero la vergüenza toda la vida“, es una frase muy socorrida.
Y es que para nadie es un secreto el desprestigio históricamente acumulado por los legisladores y las legisladoras, tanto a nivel federal como estatal.
A lo largo del tiempo, muchos y muchas se han ganado a pulso la imagen de “levanta dedos” o “calienta curules“.
Para la mayoría de los ciudadanos, los diputados y las diputadas cobran mucho y hacen poco.
Pero tal vez esa extendida percepción se haya logrado modificar un poco con la LXI Legislatura del Congreso del estado.
Una Legislatura histórica, a pesar de los pesares.
Y no sólo porque de ella emanó un gobernador constitucional: Sergio Salomón Céspedes Peregrina, algo totalmente inédito en la vida moderna de Puebla y con lo que, además, se frenó una imposición desde el epicentro del poder en la Ciudad de México.
Y no únicamente porque logró aprobar, con valentía y sin demasiados sobresaltos, la siempre postergada despenalización del aborto.
Descontando pendientes y errores -que los hubo, y a montones-, así como las continuas y sucesivas licencias para separarse del cargo por razones electorales principalmente, en la mayoría de las diputadas y los diputados de la LXI Legislatura privó el sentido social y también algo todavía más importante: el sentido común.
Ciertamente, el Ejecutivo continuó como “El Gran Legislador“; es una realidad compartida en el pasado con otras Legislaturas y algo inevitable en nuestro actual sistema político.
Sin embargo, a diferencia de otras, en la LXI sí se observó un marcado interés por legislar sobre temas que influyen en el día a día de los ciudadanos.
De esta Legislatura, que fenece el próximo 14 de septiembre, salieron al menos 10 nuevos ordenamientos que tienen que ver con la calidad de vida de las poblanas y los poblanos:
• Ley de Bibliotecas
• Ley de Movilidad y Seguridad Vial
• Ley de Construcciones
• Ley de Imagen Institucional
• Ley de Desarrollo Económico Sustentable
• Ley de Archivos
• Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias
• Ley del Arbolado y Áreas Verdes Urbanas
• Ley de Voluntad Anticipada
• Ley de Salud Mental y Adicciones
En la LXI Legislatura se alcanzaron reformas al Código Civil, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Orgánica del Poder Judicial, para atender la demanda de miles de mujeres para contar con un mecanismo legal efectivo que garantice el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, es decir, la denominada “Ley Vicaria“.
Se actualizó la Ley para el Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de incluir la prevención de la violencia en el noviazgo, la violencia digital, la violencia mediática y el acoso sexual en espacios públicos.
La Sexagésima Primera fue la primera Legislatura que atendió la resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y se introdujeron cambios en la legislación sobre la interrupción del embarazo; también se incrementaron las penas para el delito de aborto forzado.
Esto ha sido seguramente lo más relevante, por el enorme impacto social y de salud pública que implica la despenalización del aborto, así como por la justicia que por fin se ha hecho a la lucha histórica de miles de mujeres que nunca dejaron de insistir hasta conseguirlo.
Esta Legislatura también aprobó algo muy relevante: la Ley de Imagen Institucional, que prohíbe la promoción personal o política y evita modificaciones innecesarias en bienes muebles e inmuebles oficiales cada inicio de un nuevo gobierno, lo que implica un gasto descomunal.
Se avaló la nueva Ley de Archivos del Estado de Puebla, que establece principios y bases generales para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de archivos de las distintas autoridades.
Se aprobaron reformas a la Ley para incluir el Informe de Gestión Institucional, que tiene como objetivo proporcionar información detallada sobre la situación general de la gestión saliente para facilitar el proceso de transición y garantizar la continuidad en el servicio público.
También, reformas a la Ley de Hacienda del Estado, para establecer obligaciones fiscales a las personas físicas, morales o unidades económicas que, a través de plataformas digitales como Airbnb y Booking, contraten servicios de hospedaje, ya sea directamente o a través de intermediarios.
Igualmente, se reformaron la Ley para la Venta y Suministro de Bebidas Alcohólicas, la Ley de Seguridad Privada y el Código Penal, con el objetivo de mejorar la seguridad en establecimientos que venden y permiten el consumo de bebidas alcohólicas.
Como se sabe, esto meterá en cintura a antros, bares y demás establecimientos, con el fin de evitar violencia y muertes, de jóvenes especialmente.
Se aprobó la Ley del Arbolado y Áreas Verdes Urbanas, con el objetivo de implementar acciones para su crecimiento y conservación.
Pero no sólo eso:
Se dio luz verde a reformas que proporcionan al Estado herramientas jurídicas para imponer sanciones ejemplares en los casos de maltrato animal y fomenta en las nuevas generaciones el cuidado y respeto hacia los animales.
Por ejemplo, se establecen las competencias de la Secretaría de Salud para promover campañas de esterilización, de la Secretaría de Educación para implementar campañas de sensibilización y concientización, así como de los Ayuntamientos para regular y operar los Centros de Bienestar Animal.
De forma complementaria se reformó el Código Penal para aumentar las penas por actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal., es decir, la conocida como “Ley Elena“, en reconocimiento a la lucha de la fallecida activista Elena Larrea.
Se realizó una consulta pública para la integración, discusión y aprobación de la Ley de Salud Mental y Adicciones.
De forma totalmente inesperada, salió la Ley de Voluntad Anticipada, la cual establece que cualquier persona con capacidad de ejercicio puede negarse a someterse a tratamientos médicos que prolonguen su vida.
Finalmente, dos temas muy importantes:
Tras un proceso de consulta pública, se aprobó la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que busca garantizar el derecho a la movilidad segura, asequible y sostenible para todas las personas, priorizando a los peatones.
Y se aprobaron reformas a la Ley de Transporte para regular el servicio de arrastre, arrastre y salvamento, y depósito de vehículos, con lo que se intenta acabar con los típicos abusos de los operadores de grúas.
Es muy probable que la LXI Legislatura cierre su ciclo con la aprobación de una Ley de Declaración de Ausencia, con la cual familiares de personas desaparecidas podrán promover trámites como solicitud de guarda y custodia y pensión alimenticia, además de acceder a derechos, como la seguridad social.
Se espera, asimismo, que dé trámite a reformas a la Ley de la Administración Pública, a fin de que se creen, amplíen o modifiquen algunas entidades y dependencias del poder Ejecutivo, para armonizar la estructura con que Alejandro Armenta Mier pretende arrancar su gobierno el próximo 14 de diciembre.
Este mismo lunes se aprobó, en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, un dictamen relativo a la Ley de Alternancia (de género) para que en Puebla, a partir de 2030 y sucesivamente, se aplique este principio para las candidaturas de todos los partidos a la gubernatura: hombre-mujer-hombre-mujer…
La LXI podría ser la última Legislatura que sesione en el viejo edificio del poder Legislativo en el Centro Histórico de Puebla, cuyas paredes y muros y pilares tanta historia han visto pasar.
La nueva y moderna sede, en la zona de Los Fuertes, sigue en proceso de construcción, pero registra retrasos a causa de las lluvias. Todo depende de su culminación antes del 14 de septiembre.
Se espera que la nueva Legislatura, la LXII, surgida del proceso electoral de junio pasado, en la que Morena y sus aliados tendrán mayoría, supere lo realizado por la LXI.
Los y las “levanta dedos” o “calienta curules” serán observados con lupa, ahora más que nunca.
