El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, desmintió que la ex secretaria estatal Patricia Leal Islas sea su asesora, una vez que trascendió que exmorenovallistas están implicados en la devolución que el Gobierno del estado tuvo que realizar al SAT por de 2 mil 700 millones de pesos. “Entre la amistad y la aplicación de la ley, siempre optaré por la aplicación de la ley”, sostuvo el mandatario.
Céspedes Peregrina reiteró que el Gobierno del estado llegará hasta las últimas consecuencias y contra quien resulte responsable, por el mal proceso administrativo que derivó en un crédito fiscal que ocasionó que se pagaran 2 mil 700 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Abundó que su antecesor en el cargo, el fallecido Miguel Barbosa Huerta, “defendió con todo” este recurso a través del litigio que fue heredado desde 2018 y sorteó varias de las etapas, por lo que si no se dio a conocer anteriormente fue por lo mismo, pero se tuvo que tomar una decisión este año.
Sostuvo que mantener el proceso implicará un monto mensual de 30 millones de pesos, por lo que optaron por pagar, ya que el mal manejo que se dio por gobiernos del PAN solo generó beneficios al despacho “Sistemas LAC”, que fueron los que asesaron en dicho tema.
Por ello, afirmó que tanto él como la titular de la Secretaría de Finanzas, María Teresa Castro Corro, harán gestiones ante la Federación y las dependencias para poder tener recursos para programas y proyectos de Puebla, a la par de que se actuará contra quienes estén involucrados en esta afectación presupuestal.
El mandatario estatal dijo que Patricia Leal Islas no es su asesora, aunque reconoció que es su amiga desde que coincidió con ella en la LIX Legislatura local.
Ante los trascendidos de que trabaja con él Patricia Leal, quien se desempeñó como secretaria de la Controlaría en la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, convocó a que haya verdad en la publicación de la información.
Sin embargo, dijo que entre la amistad y la aplicación de la ley, siempre optará por la aplicación de la ley, luego de la devolución de 2 mil 700 millones de pesos a la Federación, en la que funcionarios morenovallistas estarían involucrados.
