El gobierno de Miguel Barbosa ha decido iniciar un procedimiento legal para tratar de anular el contrato “leonino” que firmó la pasada administración que encabezó Rafael Moreno Valle, con Evercore, empresa filial del grupo empresarial que apuntala, Pedro Aspe Armella, socio principal de Lomas de Angelópolis y ex secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Evercore se encargó de la construcción de las plataformas en donde se asentó la empresa automotriz Audi, en terrenos de San José Chiapa, la armadora nada tiene que ver en este entramado legal, pero la historia detrás de la construcción de esta enorme plancha está llena de irregularidades.
Esta es parte de la historia, el proyecto Audi supuso la creación de un Banco estatal de Tierra para la compra de mil 667 hectáreas a través de prestanombres y engaños para satisfacer las necesidades de la planta armadora, la Ciudad Modelo y equipamiento.
Sin embargo, la adquisición de estas tierras estuvo plagada de anomalías y uso de prestanombres, tan es así que el área de auditoría interna del Registro Agrario Nacional confirmó el pasado 21 de octubre, que inició una investigación a los funcionarios de esa dependencia involucrados en las anomalías para la adquisición de la tierra para edificar la plataforma de Audi y adquirir los terrenos donde se asienta la Ciudad Modelo.
Del 20 de junio de 2012 al 15 de octubre de 2013 se efectuaron seis asambleas generales en los ejidos cuya tierra fue involucrada en el proyecto Audi del gobernador Rafael Moreno Valle, mismas que implicaron un verdadero despojo.
Pero no solo es la enorme especulación mobiliaria que se desató en la zona y en la cual, el ex secretario de Gobernación de Moreno Valle y de Miguel Barbosa, Fernando Manzanilla, forma parte de la trama.
El punto medular es el ventajoso contrato que se signó con la empresa Evercore, el cual se busca revertir y en contra del cual la administración estatal ha entrado en litigio, para tratar de revertirlo.
Contra la inversión de la empresa alemana de mil 300 millones de dólares, se han tenido que transferir recursos de todos los poblanos por más de mil 321 millones de dólares contados en territorio y obra pública en infraestructura, impuestos condonados y una retahíla de condiciones firmadas con el consorcio VW-Audi el 5 de septiembre de 2012.
Este contrato, entonces, montado en la irregularidad e ilegalidad en el traslado de dominio de la tenencia de la tierra que lo sustenta, que compromete a la empresa a generar al menos 3 mil 800 empleos de tiempo completo para el 31 de diciembre del 2018, provoca una compleja trama jurídica, financiera, económica y política urdida entre 2011 y 2017 con leyes, reformas y decretos, convenios políticos, licitaciones, adjudicaciones y contratos privados, nuevos organismos y fideicomisos para la habilitación de la obra pública requerida para la construcción de la plataforma Audi y la Ciudad Modelo.
Dentro del contrato celebrado con Evercore, un punto que llama la atención es que este prevé de manera expresa que la obra no puede incrementar su monto y que la cantidad a amortizar por cada “certificado de aceptación definitiva” tampoco, sin embargo, la obligación contraída expresamente por la secretaria de Infraestructura del Gobierno de Puebla , en el sentido de reconocer como válida cualquier cesión, gravamen o transmisión de los Derechos de cobro del contratista que éste realice a favor de sus acreedores en los términos del numeral 11.3 del contrato en cuestión, crea un mercado secundario que, ante la eventual debacle de una empresa desconocida y de ligas menores como lo es en efecto “CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SANTA FE S.A. de C.V”, permite a cualquier vivales en posesión de información privilegiada , perpetrar un “robo en despoblado”, comprando a precio “chatarra” un adeudo de más mil ochocientos millones de pesos.
En el apartado consignado con el numeral 9.2 del documento aludido, la Secretaria de Infraestructura del Gobierno de Puebla, se compromete a que, dados determinados requisitos formales: reconocerá cualquier cesión, gravamen o transmisión de los Derechos de cobro del contratista que éste realice a favor de sus acreedores; acreedores éstos últimos que, en los términos del numeral 11.3 del contrato en cuestión, estarían incluso en aptitud de oponerse a la rescisión administrativa del pacto leonino para la sociedad y la administración local al que se ha venido alusión en las presentes líneas.
El dispositivo en cuestión le permite a una parte ajena al contrato, cuestionar una decisión administrativa del estado como sería la rescisión administrativa del contrato de plataforma de Audi en San José Chiapa, en clara contravención, por lo demás, de un principio esencial de los contratos de toda índole y que señala que los pactos sólo obligan a los que los suscriben y nunca a terceros ajenos al mismo.
Es por esta, entre otras razones, que el gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que su gobierno no se doblegará ante los abusos que se cometieron en el pasado en contra de las finanzas de los poblanos, como el fraude cometido por la empresa Evercore en la construcción de la plataforma donde se instaló la alemana Audi en la época del morenovallismo.
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