Al menos una docena de empleados de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos abusaron de los programas secretos de vigilancia en la década pasada, con frecuencia para espiar a sus parejas, según las conclusiones del regulador interno del organismo.
En una carta al principal legislador republicano en la Comisión Jurídica del Senado, Charles Grassley, el inspector general de la NSA, general George Ellard, citó 12 ejemplos de “mal uso intencional” de los programas de la agencia desde el 1 de enero del 2003.
Grassley solicitó al regulador interno de la NSA que informara sobre el abuso “intencional y deliberado” de la agencia de vigilancia a medida que las preocupaciones públicas aumentan sobre el alcance de los programas de espionaje del Gobierno.
Luego de que el ex contratista de la NSA Edward Snowden divulgara información en la primavera boreal de que el Gobierno estadunidense recogía muchos más datos de internet y telefónicos de los usuarios de lo que previamente se sabía, las operaciones de la agencia han sido sumamente examinadas.
Muchos miembros del Congreso y funcionarios del Gobierno defendieron los programas de vigilancia de la NSA calificándolos como una herramienta clave de defensa contra ataques terroristas, pero defensores de la privacidad dicen que la autoridad de la agencia de espionaje ha crecido hasta ser demasiado generalizada.
Jameel Jaffer, vicedirector legal de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, dijo que las violaciones a la ley por parte de los empleados de la NSA son probablemente “la punta del iceberg” de las laxas medidas de protección de datos, pero que las normas de la NSA son en primer lugar un tema mayor.
La mayor preocupación no es con las violaciones deliberadas de la ley sino con lo que la ley misma permite”, comentó.
El inspector general de la NSA, en una carta con fecha del 11 de septiembre, citó 12 investigaciones que hallaron que empleados militares y civiles usaron las herramientas de espionaje de la agencia para buscar correos electrónicos e intervenir llamadas telefónicas de actuales o ex amantes, parejas o familiares, tanto extranjeros como estadunidenses.
En al menos seis de los 12 casos, los temas fueron referidos al Departamento de Justicia. En varios casos, los infractores renunciaron o se jubilaron de sus empleos antes de ser castigados.
