Casos graves y escandalosos, como el de la desaparición, secuestro y asesinato del matrimonio integrado por Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz y Alexandro Agustín Tello, así como el más reciente registrado en agravio de Blanca Adriana Vázquez Montiel, quien fue hallada sin vida tras acudir a una valoración estética en la llamada clínica Detox, han puesto a Puebla como un estado en máxima alerta de inseguridad.
En ambos terroríficos casos, hay que subrayar, se vieron involucradas las fiscalías de Puebla y Tlaxcala, toda vez que el matrimonio poblano tuvo como último destino el vecino estado, mientras que en el caso de Blanca su cuerpo fue abandonado en ese territorio.
Sin embargo, fue el atroz asesinato de Karina y Alexandro el que evidenció el pobre y deficiente trabajo realizado por parte de las fiscalías de ambas entidades, las cuales no pudieron ni siquiera coordinar un comunicado conjunto que mostrara algo de coordinación en su trabajo.
Ambas fiscalías, junto con sus respectivos titulares, se echaron la bolita, buscaron culparse públicamente y mostraron su ineficiencia.
La pregunta es ¿por qué en Puebla, estado que es el que nos interesa, no tienen la más mínima coordinación e idea para enfrentar casos como los señalados?
La respuesta es muy sencilla: porque en la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), siguen operando y ordenando los amigos y recomendados de su titular, Idamis Pastor Betancourt. Esos que solo se dedican a hacer negocio y no trabajo legal.
Y como seguro van a pegar el grito en el cielo, a alardear y a manotear, por tal afirmación, allí está como muestra el caso de Sergio Renato Aguirre Cisneros, coordinador de Investigación de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
El sujeto en cuestión, quien podría estar pasando ya sus últimos días en la FGE, pertenece al grupo de amigos y recomendados –provenientes del Estado de México– de la fiscal, quien se trajo dizque a trabajar a Puebla a puros pájaros de cuenta sin que nadie le dijera nada.
Lo grave es que Aguirre Cisneros, por lo menos hasta hoy, ordena y manda en la polémica unidad de investigación especializada, encargada de perseguir los delitos de lavado de dinero y blanqueo de activos.
Aunque lo peor es que este fuereño es protegido del fiscal especializado en Investigación de ORPI, Jorge Martínez Arreguín, quien fue nombrado recientemente en su cargo por parte del Congreso del estado, a propuesta de la fiscal Idamis Pastor.
¡Qué bonita familia!, dijera el famoso cómico y actor Pompín Iglesias, la que se ha ido diluyendo y fragmentando en la FGE, donde ya no soportan más abusos, maltratos, vejaciones e insultos de los amigos y recomendados de la fiscal.
Porque son muchos los casos que podrían estallar si las cosas siguen así en la dependencia, donde el personal regional y del jurídico se queja de varios hechos graves, los cuales podrían derivar en delitos como acoso sexual.
La desesperación y enojo es tal, que el personal femenino de la Policía Ministerial, así como los agentes del Ministerio Público, están a punto de hacer llegar una queja a la fiscal, a pesar de haber solicitado su cambio de adscripción por el constante acoso, para que destituya a Sergio Renato Aguirre, a quien acusan de ser el consentido del fiscal Jorge Martínez.
A estas alturas, el caso del mentado coordinador ya tendría que haber reventado o estaría a punto de estarlo, ya que de mantenerlo en su cargo la FGE, junto con su titular, estarían cayendo en un yerro más, pues Aguirre Cisneros ni siquiera es abogado, un requisito indispensable para haber sido designado en la posición en la que se mantiene.
Según la ley, para ocupar un puesto directivo y de coordinación dentro de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de ORPI, de la FGE, para mandos y personal ministerial se debe contar, entre otros requisitos, con lo siguiente:
- Título y cédula profesional de Licenciatura en Derecho, preferentemente con estudios de posgrado en materia penal, fiscal, o prevención de lavado de dinero.
- Un mínimo de 3 a 5 años comprobables en procuración de justicia, litigio penal o investigación de delitos financieros.
- Ser mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos, originario del estado de Puebla o acreditar una residencia mínima de 5 a 10 años.
De acuerdo con el Registro Nacional de Profesiones, Sergio Renato Aguirre Cisneros es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, con la cédula 12320365; además, cuenta con una maestría en Administración Pública, por el Centro de Estudios de Posgrado de Chiapas.
A pesar de ello, sin ser abogado, la prepotencia del amigo de Idamis Pastor siempre ha sido su mejor cualidad, pues le fue asignado un vehículo último modelo, de los recién entregados por el gobernador Alejandro Armenta Mier, en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, el cual se supone debería ser utilizado para uso oficial, pero es ocupado como particular.
Y es que el fuereño de la FGE lo utiliza para visitar su casa en Ciudad de México (CDMX) todos los fines de semana, por lo que emplea los recursos de la dependencia, como gasolina, viáticos y pago de casetas, para realizar sus viajes personales.
Nadie tiene permitido utilizar la camioneta de Sergio Renato Aguirre, pues argumenta que a él se la entregó y encargó personalmente el gobernador, así como su protector, el fiscal Jorge Martínez.
Por lo tanto, si los agentes del ORPI pretenden utilizar el vehículo para cumplir las indicaciones y las ordenes de trabajo, por ejemplo, entonces tienen que buscar la forma de ejecutar las ordenes de aprehensión que se solicitan.
En caso de que no se ejecuten las indicaciones, el personal ministerial es congelado, cesado y puesto a disposición de la agencia de investigación.
Son muchas las acusaciones e inconformidades en contra de Aguirre Cisneros, quien dirige las “investigaciones delicadas” y la integración de las “carpetas especiales”, por las que se fueron sus compinches fiscales del Estado de México, acusados de extorsión a empresarios poblanos.
¿Tendrá conocimiento el gobernador Alejandro Armenta de los abusos del coordinador del ORPI?
¿Sabrá que un licenciado en Relaciones Internacionales coordina una de las áreas más delicadas de la FGE, guía a los abogados agentes del Ministerio Público y manda en las audiencias e investigaciones?
A propósito, ¿quién cree que organizó aquello del famoso Congreso de lavado de dinero en Puebla, y quién cree que sigue teniendo acceso a información delicada que de repente se vende?
Ahí les va un tip: es el mismo que prometió, a cambio de un moche, apoyar a los abogados de la empresa moral Asfálticos Arquimia S. A. de C. V., correspondiente a la carpeta de investigación CDI FGE/FEIDORPIFR/00053/2025, quienes se quedaron esperando.
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