La de Guillermo Aréchiga Santamaría es una renuncia largamente esperada. Desde hace meses el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta lo había marginado, prácticamente ni lo recibía, ni le tomaba llamadas.
El expediente de las anomalías y supuestos actos de corrupción en que habría incurrido como titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado se lo integró el que fuera su subsecretario, el chiapaneco Seth Yassir Vázquez Hernández, con la ayuda de Mónica Mollinedo Casanova.
Red de Corrupción del Transporte es el título del expediente elaborado en contra de Aréchiga, su hijo Rubén Aréchiga González, beneficiario del negocio de las cámaras de vigilancia en el transporte público, y algunos funcionarios de la dependencia que ya salieron o lo harán en cualquier momento, como Carlos Huesca Vigil Escalera, subsecretario de Movilidad y Seguridad Vial; Gilberto Coca Lara, director de Transporte, y Yazmín Martínez del Moral, directora jurídica.
La renuncia del ex líder de la Sección 51 del SNTE, ex diputado federal, ex diputado local y ex secretario de Gobernación del ayuntamiento de Puebla en la gestión de José Antonio Gali Fayad se esperaba desde octubre del año pasado, pero se demoró hasta hoy jueves.
Oficialmente no se informó sobre los motivos de su “renuncia”, pero por las formas en que se dio, tal parece que fue un despido, pues de otra manera no se explica porqué Aréchiga y otros funcionarios fueron escoltados por policías hasta la puerta de salida.
En un comunicado de prensa, el gobierno del estado informó que mientras se designa al sustituto de Guillermo Aréchiga, quedará como encargada de despacho de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Lorena Meza López.
Sin embargo, no habría que descartar que en la dependencia sea promovido algún funcionario o funcionaria cercana al ex subsecretario de Transportes y Vías de Comunicación, Yassir Vázquez, como Mónica Mollinedo Casanova, quien en la práctica era su brazo derecho aunque oficialmente funge como analista especializada consultivo “A”.
Mónica Mollinedo fue acusada de extorsión ante la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal, en marzo de 2017, por el capitán de corbeta Francisco Ricardo Berdón Charles, quien se desempeñaba como gerente de Operaciones del puerto petrolero de Dos Bocas, el más importante del país, y del que fue despedido por rehusarse a pagar una cuota de cien mil pesos mensuales.
Según su denuncia, que tuvo amplia difusión en periódicos de Tabasco, la titular del Órgano Interno de Control del puerto de Dos Bocas y su esposo Manuel Fernández Ponce, quien fue rector del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra de Tabasco, lo extorsionaron en distintas ocasiones para supuestamente encubrir sus malos manejos.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de darle otro zape al Congreso local al resolver que es inconstitucional el artículo 70 fracción I del Código Civil para el estado de Puebla, en la porción normativa que condiciona el derecho de una persona a modificar su nombre cuando de manera invariable y constante ha usado otro distinto al de su registro.
La sentencia fue dictada este miércoles por mayoría de votos por la Primera Sala de la SCJN al resolver el amparo directo 7691/2019 cuya ponente fue la ministra Ana Margarita Rios Farjat.
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El pediatra Manuel Gil Vargas, quien llamó huevonas a las alumnas de la BUAP que se unieron al paro de mujeres del 9 de marzo y no se conectaron a su clase, dejó de laborar en la institución, donde se desempeñaba como profesor de Nutrición Clínica de la Facultad de Medicina.
“No me jodan las pelotas con eso”, fue la respuesta del profesor cuando un alumno le explicó que sus compañeras decidieron no tomar su clase en solidaridad con el movimiento el 9 ninguna se mueve.
El doctor Gil Vargas las calificó de huevonas. “La mujer se empodera sola con su trabajo, con su inteligencia, con todo. La mujer es polivalente, es lo más fregón del mundo; no con hueva.
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