Este lunes iniciará el nuevo ciclo escolar 2020-2021 y con ello se inician también nuevos retos, pues los profesores iniciarán los trabajos a través de internet y los alumnos lo harán de la misma manera.
El reto será aún mayor porque ahora se inicia una nueva etapa en la educación en México, que si bien ya estaba presente desde el pasado mes de marzo que inició el confinamiento, ahora se agudizará.
La principal preocupación de los jóvenes y de los padres de familia es la falta de herramientas tecnológicas para lograr sus propósitos, y es que las clases y tareas serán en línea posiblemente hasta el próximo mes de septiembre o incluso más allá.
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Aunque es el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el que tiene reporte de que en Puebla se han perdido 41 mil 041 empleos en la pandemia, el retorno laboral en el estado ya se volvió un asunto político en la semana que terminó, pues no se han hecho esperar los “dimes y diretes” entre el gobierno estatal y los empresarios; incluso, diputados han empezado a pronunciarse contra el sector privado.
Ante la insistencia de los empresarios para reabrir los negocios no esenciales de Puebla, el gobierno estatal ha reclamado que algunos de ellos no aportaron nada para atender la pandemia, y los acusó de victimizarse por la situación.
En respuesta, el sector privado ha respondido que solo quiere trabajar. No obstante, personajes afines al gobierno estatal, como la diputada Nora Merino, y el presidente de Sindemex, Sergio Curro y Martínez, han denostado a organismos como Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que son algunos de los que han hecho más reclamos.
No queda duda de que la exigencia para la reapertura de negocios se ha vuelto tema político, pues los dos personajes mencionados acusan a los empresarios de usar las cámaras como trampolín político, tema que –se supondría-, actualmente no es de relevancia, por la cuestión de salud.
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El respeto de las normas viales es un asunto que poco importa a la diputada por el Partido Encuentro Social (PES), Mónica Lara Chávez, a pesar que forma parte de la coalición Juntos Haremos Historia que le apuesta no incurrir en actos fuera de la ley.
Resulta que la coordinadora de la bancada dejó estacionada su camioneta de lujo estacionada en lugar prohibido sobre la calle 8 oriente, frente a “El Mesón del Cristo” para bajarse inmediatamente e ingresar a las comparecencias de los regidores del Cabildo de Tehuacán.
Muy mal por infringir el reglamento vial, pese a que a unos metros hay una banderola que señala estar prohibido el estacionamiento en el lugar, porque tiene asignado un lugar para dejar su vehículo pagado por el Congreso.
Seguido porque la legisladora percibe un salario superior a los 55 mil pesos mensuales lo que resultaría suficiente para poder pagar el costo de un estacionamiento público durante las horas que permaneciera en el lugar.
Pero esto se agrava porque la diputada envió a su asistente como “avanzada” para custodiar un espacio de estacionamiento que incluso tuvo que negociar con “un franelero” y pedir a compañeros de prensa que retiraran su motocicletas de este lugar.
Con total impunidad, Lara Chávez llegó a “El Mesón del Cristo”, tarde de la hora convocada para la comparecencia, estacionó su unidad para después descender y dejarla ahí en lugar prohibido sin la menor pena.
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En la sesión ordinaria de cabildo observamos que nuevamente la regidora de Morena, Libertad Aguirre Junco, se sumó a la votación en contra y en abstención de la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco.
Es por todos conocido que el G5 conformado por Edson Cortés, Roberto Eli Esponda, Marta Ornelas, Rosa Cabrera y José Luis González Acosta, los cinco panistas liderados por Enrique Guevara, Carolina Morales, Luz Rosillo, Jacobo Ordaz Moreno y Augusta Díaz, y la priista Silvia Tanús Osorio, han conformado un bloque para hacerle la travesura a Rivera Vivanco, al cual se ha sumado Libertad Aguirre.
La ex priista en un principio seguía la línea institucional, luego se unió al G5, posteriormente se separó para darle la mayoría a la alcaldesa, ahora la vemos otra vez adherida a la oposición.
En la sesión pasada, por la ausencia de Roberto Esponda, los integrantes de Juntos Haremos Historia lograron sacar los temas, pero si se hubiera mantenido Esponda seguramente otro fuera el escenario.
Con los votos de Claudia Rivera y el síndico Gonzalo Castillo alcanzan en total 12, los otros cuentan con la misma cantidad, todavía así la presidenta puede desempatar con su voto de calidad que la norma le otorga.
Lo malo para la primera regidora es que en la Comisión de Hacienda y Patrimonio no tiene la mayoría, ahora sólo cuenta con dos asientos: Patricia Montaño e Isabel Cortés Santiago y ambas no le alcanzan para lograr el pase de los estados financieros que se votan cada mes, pues en la referida también se encuentran la priista Silvia Tanús, el panista Jacobo Ordaz quienes los rechazan generalmente (casi siempre).
La morenista Libertad Aguirre Junco, quien forma parte de la comisión, ya los volvió a rechazar y gracias a su voto éstos no pasan a la sesión de cabildo para su análisis y respectiva aprobación.
La Comisión de Hacienda es de las más importantes en cabildo porque es ahí donde se vota la cuenta pública del municipio y todo lo relacionado con los ingresos y egresos, o sea, es la que controla el dinero.
