Héctor Posadas Manzano, líder del sindicato de Burócratas de Puebla, informó que hay siete casos de trabajadores de base en la Secretaría de Finanzas que están en riesgo de ser dados de baja por tener actas administrativas en su contra.
Estas actas responden a “errores humanos” por lo que no son justificantes para despidos de trabajadores, por lo que la dirigencia llevará estos casos a la vía jurídica, añadió.
Sin precisar qué actos se le imputan a estos sindicalizados, Posada Manzano aseguró que no se permitirá la baja de estos trabajadores.
Con respecto a la liquidación de las 125 bases sindicales que fueron entregadas hacia el final de la administración de Mario Marín Torres, señaló que hasta el momento son 100 los trabajadores que han aceptado las liquidaciones ofrecidas por las autoridades estatales.
Abogado de burócratas ve viable amparo contra reforma
Bajo los argumentos de que la ley no puede ser retroactiva y que las prestaciones sindicales no pueden ser alteradas, se justificaría el amparo que presentarán los burócratas del gobierno del estado en contra de la reforma que elimina la transferencia de plazas, informó Abelardo Cuéllar Delgado, representante legal de la organización gremial.
Luego de que el martes se aprobara en comisiones del legislativo la modificación a la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, con las cual se elimina la posibilidad de los trabajadores a heredar las bases sindicales, la dirigencia del gremio buscó el apoyo del que fuera candidato a diputado por las izquierdas para proteger esta prestación que fuera alcanzada en la negociación salarial de 2008.
“Existe un principio jurídico que cuando se ganan prestaciones, éstas tienen que ser respetadas”, argumentó el abogado, al destacar que estos beneficios sindicales están por encima de la ley, lo cual los protege de cualquier modificación posterior.
Además, Cuéllar Delgado indicó que aún cuando hay un decreto federal para eliminar las transferencias de las plazas sindicales, esto no puede aplicarse de manera retroactiva, pues los derechos obtenidos en años anteriores por los gremios están garantizados en la Constitución y no pueden ser quitados.
Aunque no descartó que en negociaciones salariales posteriores se llegue a perder esta prestación.
“Esta reforma forma parte de un proyecto de reformas (sic) que afectan los derechos laborales y la estabilidad de los trabajadores”, criticó el abogado, quien a principios de este año llevó los casos de al menos 500 burócratas del gobierno del estado que se ampararon en contra de las reformas a la Ley del ISSSTEP.
Será a partir de la próxima semana cuando Cuéllar Delgado se reúna con los delegados sindicales y el secretario general del gremio, Héctor Posadas Manzano, para analizar la reforma y establecer la estrategia legal.
Una vez que se publiquen las reformas en el Periódico Oficial del estado, el sindicato tiene 30 días para presentar el amparo, por lo que se iniciarán las gestiones desde antes.
