Debo admitir que las primeras decisiones y acciones anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto me han dejado una buena impresión, en particular aquella de poner freno a los poderes fácticos que impiden el desarrollo del país.
Y aunque hasta ahora ni Peña Nieto ni su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se han atrevido a ponerle nombre y apellido a esas fuerzas o poderes metaconstitucionales o extralegales, creo que el hecho de admitir su existencia como entes que ponen en entredicho la rectoría del Estado en la esfera económica, educativa, social y política, es un avance.
En principio porque nadie, hasta antes de la toma de posesión del presidente número 66 de México, creía que Peña Nieto acotaría a esos poderes, y menos cuando varios de ellos fueron sus aliados políticos en el reciente proceso electoral federal.
Donde sí creo que el presidente no está siendo muy asertivo es en la instrumentación de sus acciones y decisiones vía el llamado Pacto por México, que tiene como principales firmantes y actores a los dirigentes del PRI, el PAN y el PRD.
Si México tuviera un sistema parlamentario, ese gran pacto tendría sentido. Desgraciadamente no es así. México tiene un sistema presidencialista, donde el partido que gana las elecciones —así sea por la mínima diferencia— es el responsable de la conducción del gobierno, para bien o para mal.
En este sentido, el Consejo Rector del Pacto por México, que se encargará de diseñar, operar e instrumentar los 95 acuerdos, acciones y reformas constitucionales en él consideradas, me parece una vacilada, una entelequia burocrática que en poco o nada contribuirá a frenar a los poderes fácticos.
Esto, comenzando por su diseño institucional y su composición paritaria, con igual número de representantes de la presidencia de la República, el PRI, el PAN y el PRD.
Más que un Pacto partidista por México, Peña Nieto debió enviar al Congreso de la Unión un paquete de reformas constitucionales donde se materializaran algunas de sus 13 primeras decisiones encaminadas a terminar con las mafias del crimen organizado, el duopolio televisivo, el secuestro del sistema educativo por parte del SNTE y el patrimonialismo de algunos gobernadores y presidentes municipales que disponen de los recursos públicos como si fueran propios.
Si los 95 acuerdos del Pacto por México se cumplen, el éxito será de Peña Nieto, pero si no se concretan o sólo se quedan en buenas intenciones, el fracaso será también suyo y de su gobierno, y no de los partidos firmantes.
¿Por qué? Porque en un sistema presidencialista la confianza se deposita en una persona, en este caso el presidente—que en campaña se promovió como un político eficaz y eficiente—, y no en un grupo de dirigentes o partidos pactistas o colaboracionistas del gobernante en turno.
Si Peña Nieto armó su gabinete reclutando a rudos y experimentados políticos, duchos en el arte de negociar acuerdos, sumar voluntades, construir consensos, contener opositores y cooptar adversarios, lo mejor sería que sus talentos se pusieran en práctica dentro el Congreso y no en un Consejo Rector carente de facultades legales para llevar a cabo las reformas dirigidas a aplacar los poderes fácticos.
Y es que el consenso que hoy tiene Peña Nieto por parte de los dirigentes del PAN y el PRD se terminará a mediados del próximo año, con las elecciones locales que habrá en 14 entidades federativas del país.
Y si no, al tiempo.
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El secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el poblano Jorge Estefan Chidiac, no se quedará fuera del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. Su integración se demorará todavía unas semanas mientras se desahogan algunas investigaciones sobre el financiamiento de la campaña del priísta en las elecciones de julio pasado.
Estefan Chidiac acudirá este miércoles al Instituto Federal Electoral para aclarar dudas de partidos y consejeros electorales sobre el controvertido caso Monex.
Lo que sí es cierto es que Estefan Chidiac ya no llegará al SAT ni al IMSS, donde ya hay nuevos titulares. Su futuro será un organismo descentralizado de la administración pública federal.
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Por si el mensaje de nombrar a Emilio Chuayffet Chemor al frente de la Secretaría de Educación Pública no fuera ya suficientemente claro para la profesora Elba Esther Gordillo Morales, este martes el presidente Enrique Peña Nieto designó como director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) a otro enemigo de la lideresa del SNTE.
Me refiero a Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, quien se ha desempeñado como delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en varios estados; secretario Nacional de Estrategia, Información y Propaganda; subsecretario de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares; y coordinador de Campaña en el Proceso de Renovación de la Dirigencia Nacional del PRI.
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Este miércoles, en un desayuno convocado por el Centro Empresarial de Puebla (Coparmex), se presentarán los resultados del Índice Nacional de Desarrollo Democrático que, desde hace un par de años, elaboran la Fundación Konrad Adenauer México y la firma consultora Polilat sobre el desempeño de los gobiernos estatales en materia de derechos humanos, prácticas democráticas, libertad de expresión, transparencia y rendición de cuentas.
El evento tendrá lugar en las instalaciones del hotel Presidente Intercontinental y será presido por el dirigente del sindicato patronal Carlos Montiel Solana, con la participación de los realizadores de la evaluación y otros dirigentes del sector empresarial de Puebla.
