Por tercera ocasión, fue destituido el juez penal de Teziutlán, Enrique Romero Razo, por el pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), lo que llevará al afectado a presentar su caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En entrevista con este medio, el juez inhabilitado explicó que la determinación del pleno se dio a pesar de que la justicia federal le otorgó su protección y amparo, mediante el expediente 1530/2011 radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito.
La resolución tuvo que ser ejecutada por el TSJ los primeros días de la semana pasada; sin embargo, el jueves, los magistrados locales decidieron removerlo, cumpliendo indebidamente el mandato, y justificaron que tiene antecedentes administrativos.
“Las sanciones van escalonadas, según la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y van desde la amonestación, multa de cien días, suspensión hasta por seis meses y destitución. Y yo, en 14 años de juez, nada más tengo una amonestación y una multa de cinco días. O sea, debió haber sido una multa mayor o una suspensión máximo de seis meses para proceder con la destitución”, expuso el juez.
Por lo anterior, consideró que el pleno del TSJ cumplió de manera indebida la ejecutoria del amparo, lo que lo obligará este martes a interponer un recurso de queja ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
No obstante, el juez duda de la imparcialidad de este órgano, toda vez que su presidente, Jaime Raúl Oropeza García, es padre de Jaime Raúl Oropeza Casas, quien se desempeña como director de Promoción de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del gobierno del estado.
Ante estas irregularidades, el juez también tramitará un tercer amparo, recurrirá a la Suprema Corte de Justicia para solicitarle que atraiga el asunto y presentará su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Romero Razo dijo que demostrará que la justicia federal en Puebla fue sometida por el gobierno local, al cual criticó por proteger a jueces que incluso incurren en faltas a la administración de justicia.
“Lo peor del caso es que la jueza del escándalo Lydia Cacho sigue en funciones después de haberse comprobado su contubernio para apresar a la periodista; y el cuñado de (David) López Muñoz, de nombre Gabriel Salomón López, como juez Séptimo de lo Penal, liberó a Humberto Alan Ibarra Meza y cambió (el delito) de homicidio calificado a homicidio en riña, en el crimen del valet parking de la Isla de Angelópolis; y los dos jueces gozan de total impunidad y eso es lo injusto”, denunció.
Cabe recordar que las autoridades estatales han pretendido cortar la cabeza de Romero Razo por favorecer supuestamente a Ricardo Henaine Mezher en un juicio ejecutivo mercantil que se ventiló en el Juzgado Noveno de lo Civil —cuando entonces era su titular—, en contra del entonces socio mayoritario del equipo de futbol Puebla, Francisco Bernat Cid.
