La trasnacional Schlumberger se vio beneficiada con un contrato incentivado de Petróleos Mexicanos (Pemex), debido a que la empresa que originalmente ganó la licitación, “Administradora en Proyectos de Campos”, es en realidad una empresa “fantasma” que opera en Chicontepec, acusó el abogado René Sánchez Galindo.
El litigante representa a más de 100 ciudadanos poblanos integrados al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que tramitaron un amparo contra los contratos incentivados de la paraestatal, una figura que Pemex quiere promover para la explotación de los yacimientos de crudo en Chicontepec.
Derivado de ese juicio de garantías, manifestó Sánchez Galindo, se descubrió que la empresa “Administradora en Proyectos de Campos”, no registró a ningún empleado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ni contrató el servicio de energía eléctrica en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ni línea telefónica.
“Llama la atención que uno de los campos que fueron cedidos a la petrolera internacional Schlumberger se debió a que la empresa mexicana que había resultado triunfante en la licitación declinó a favor de la trasnacional. ¿Cómo ganó la licitación si bajo esa razón social es una empresa fantasma?, ¿por qué se favorece a una trasnacional con su declinación?”, cuestionó Sánchez Galindo.
Los contratos incentivados son el resultado de la reforma energética de 2008. Actualmente se han firmado siete de estos contratos en campos maduros, tres en Tabasco, en los campos de Carrizo, Santuario y Magallanes, y cuatro en el norte de Veracruz, Altamira, Pánuco, San Andrés y Tierra Blanca.
Pemex planea utilizar este esquema de contratación en la reserva de Chicontepec, que abarca los estados de Puebla y Veracruz. Igualmente estos contratos se utilizarían en los yacimientos recientemente anunciados en aguas profundas.
La empresa que ha resultado ganadora en más campos es la trasnacional de capital francés Schlumberger, ya sea en asociación con la británica Petrofac o por cuenta propia. En total la compañía gala tendría influencia en por lo menos cuatro de los siete campos concesionados.
La empresa Schlumberger cuenta entre sus consejeros independientes con Adrián Lajous Vargas, quien fuera director de Pemex durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.
El propio Lajous reconoció que ocupa este cargo en Schlumberger al dirigirse al “Correo Ilustrado” de La Jornada, publicado el 6 de mayo de 2010. Actualmente el sitio de internet de la petrolera señala a Lajous como uno de sus directores.
Uno de los amparos colectivos que se promovieron contra la privatización de los pozos fue el que impulsaron las Casas del Movimiento en Puebla; sin embargo, el Juzgado Sexto de Distrito en esta ciudad se declaró incompetente y lo turnó el caso a Villahermosa, Tabasco.
El amparo 2195/2011 tuvo que ser admitido por el Tribunal Colegiado en materias Administrativa y del Trabajo, puesto que Pemex impugnó la demanda. “El Colegiado nos dio la razón, consideró que los ciudadanos sí tenemos interés legítimo para defender el patrimonio nacional”, afirmó Guillermo Medina, representante común en amparo poblano.
Laura Itzel Castillo, ex diputada federal del Partido del Trabajo, es la representante común del otro juicio de amparo, que firman además el senador Alejandro Encinas y el petista Pedro Vázquez.
Los nuevos contratos integrales o incentivados representan un retorno a los extintos contratos de riesgo, derogados a principios de los 70 por ser contrarios a la Constitución.
Los contratos de riesgo establecían un porcentaje de la producción como pago a los contratistas y por esa razón cedían renta petrolera. Para aplicar el nuevo esquema de contratación de Pemex se modificó la Ley Federal de Derechos, permitiendo que el régimen fiscal fuera menos oneroso y que “lo que ya no cobrará Hacienda, lo cobre ahora la iniciativa privada”, explicó el especialista en acciones colectivas, René Sánchez Galindo.
Hace un año el abogado René Sánchez Galindo encabezó a un grupo de académicos, litigantes, campesinos y activistas que tramitaron una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Monsanto, empresa a la que acusaron de delitos en contra del consumo y riquezas nacionales, tráfico de influencias, fraude genérico y los que resulten, derivado del aprovechamiento del maíz que está haciendo en el estado de Puebla y otras entidades federativas.
Además de Monsanto, en la querella –que también fue rubricada por el diputado local del Partido del Trabajo, Zeferino Martínez, y el antropólogo Julio Glockner Rossáinz– aparecen los nombres de la Financiera Rural, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio) del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinestav–IPN), el gobierno del estado de Puebla, así como del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía de la Cámara de Diputados (CEDRRSA).
