El pasado lunes, durante su conferencia de prensa, el gobernador Alejandro Armenta Mier hizo una acusación sumamente relevante, poco atendida por los medios de comunicación.
Señaló que los responsables del asesinato –el fin de semana– de dos policías estatales en Amozoc ya habían sido capturados previamente por delitos del orden federal, pero fueron liberados por decisión de jueces federales, lo que permitió que volvieran a delinquir.
Y esta vez para matar –con alevosía y ventaja– a dos uniformados que solo cumplían con su labor de custodiar un inmueble relacionado con el robo de combustible, es decir, huachicoleo.
Es decir, los dejaron libres y ellos salieron a cometer un asesinato en venganza.
El mandatario estatal dijo que esta situación obedece a una omisión por parte del Poder Judicial federal.
Los criminales habían sido detenidos previamente por delitos del orden federal, pero fueron puestos en libertad bajo medidas cautelares.
Aunque no dio a conocer los nombres de los jueces, Alejandro Armenta se refirió, así, a uno de los peores males del sistema de justicia nacional: la denominada “puerta giratoria”, garantía de impunidad de los delincuentes y pesadilla de las fuerzas del orden.
“Debe de quedar claro que son homicidios resultados de la omisión. Estos delincuentes pueden pagar la justicia, a los jueces federales (…) con el cambio de medidas cautelares están fuera, operando contra la población y cometiendo venganza contra cuerpos de seguridad”, expresó el gobernador de Puebla.
Y en efecto, la “puerta giratoria” es la pesadilla de los elementos de los cuerpos de seguridad que ven, impotentes, cómo detienen con mucha dificultad a presuntos maleantes para que estos, en horas o días, sean dejados en libertad por jueces corruptos, aliados de la delincuencia organizada.
La “puerta giratoria” es un término utilizado para describir la situación en la que personas acusadas de delitos graves, como narcotráfico o delincuencia organizada, son liberadas de prisión o evitan la justicia debido a fallas en el sistema judicial o a la aplicación de ciertos criterios jurídicos.
Algunas de las causas de la puerta giratoria, son:
Fallas en la investigación y recolección de pruebas: La falta de pruebas sólidas o la mala calidad de las investigaciones pueden llevar a que los jueces dicten sentencias absolutas o que los casos sean desestimados.
Aplicación de criterios jurídicos: En algunos casos, los jueces pueden aplicar criterios jurídicos que favorecen la liberación de los acusados, como la falta de elementos probatorios suficientes o la vulneración de derechos humanos durante la detención o el proceso.
Corrupción y complicidad: La corrupción dentro del sistema judicial y la falta de coordinación entre las autoridades pueden contribuir a que los delincuentes eviten la justicia.
Las consecuencias son obvias y se expresan en casos como el de los policías asesinados en Puebla el pasado fin de semana, pero sobre todo en:
Impunidad: La liberación de personas acusadas de delitos graves puede generar impunidad y socavar la confianza en el sistema de justicia.
Más inseguridad: La “puerta giratoria” puede contribuir a la inseguridad pública, ya que los delincuentes pueden seguir cometiendo delitos si no son sancionados adecuadamente.
Desconfianza en las autoridades: La percepción de que el sistema de justicia no funciona adecuadamente puede generar desconfianza en las autoridades y en el Estado de derecho.
La “puerta giratoria” no es nueva y ninguna reforma al Poder Judicial va a eliminarla mientras no se detenga, procese y encarcele a los jueces que la llevan a cabo con un cinismo propio de otros tiempos.
Ojalá el gobernador Alejandro Armenta dé pronto a conocer los nombres de los jueces que soltaron a los asesinos de los dos policías estatales.
Por cierto: en lo que va del año ya son ocho los elementos de seguridad –estatales y municipales– que han perdido la vida a manos del crimen organizado en Puebla.
