Tómelo con reserva, pero trasciende que ante las evidencias expuestas en este espacio y el periódico e-consulta sobre las irregularidades en las dos licitaciones que llevó a cabo la Secretaría de Administración para favorecer a la empresa Amin Business SA de CV, con la compra de uniformes de policía, chalecos antibalas y equipo antimotines por un monto global de 95.5 millones de pesos, ambos contratos podrían cancelarse y los concursos repetirse.
Por supuesto que tal acción deberá reconocerse —una vez que se concrete— al gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el problema es que en la Secretaría de Administración se sigue actuando con opacidad y manipulando los procedimientos para favorecer a proveedores previamente seleccionados.
Lo anterior lo digo porque si se rescinden los contratos de las licitaciones GESAL-147-541/2024, para adquisición de uniformes, y GESAL-148-605/2024, para adquisición de chalecos antibalas y equipo antimotines, la dependencia tiene ya elegida a la empresa que se quedará con dichas compras: Arsenal Protection Mexico, Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) de Capital Variable (CV).
Se trata de una compañía, según su constancia de situación fiscal, constituida en mayo de 2016 y radicada en la colonia Santiago Ahuizotla del municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México.
Arsenal Protection Mexico no reporta como actividad económica prioritaria la fabricación de uniformes policíacos y menos la elaboración de chalecos antibalas y de equipo antimotines.
Según su propia constancia de situación fiscal, su actividad principal es la confección de ropa de materiales textiles. Esta representa el 35%, seguida del comercio al por mayor de productos textiles con el 25%. Estas dos actividades suman el 60%.
El restante 40% se divide en actividades con el mismo porcentaje —20 y 20—: confección en serie de ropa de trabajo y uniformes escolares, industriales entre otros; y otras manufacturas.
La prueba de que Arsenal y Amin Business no son ajenas, y quizás hasta son parte del mismo grupo de empresarios beneficiados por la Secretaría de Administración, puede hallarse en los mismos expedientes de las licitaciones GESAL-147-541/2024 y GESAL-148-605/2024.
Si se revisan las cartas de respaldo que Amin Business presentó a la Unidad de Adquisiciones y Adjudicaciones de Bienes y Servicios y Obra Pública de la Secretaría de Administración, como parte de la documentación que entregó para hacerse de los contratos de fabricación de uniformes policíacos, venta de chalecos balísticos y de equipo antimotines para el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se verá que estas corresponden a Arsenal Protection Mexico.
Según empleados del Consejo de Seguridad, desde un principio los chalecos antibalas se iban a licitar mezclando recursos públicos federales y estatales, pero como Amin Business no cumplía con la normatividad nacional, ya que Compranet exige un año mínimo de experiencia a las empresas que participan en sus concursos y aquella solo tiene 6 meses, se optó por fraccionar la compra.
De acuerdo con la misma fuente, Arsenal Protection Mexico ya produce los uniformes de policía correspondientes a la licitación GESAL-147-541/2024, que fue ganada por Amin Business el pasado 7 de agosto, y cuyo contrato la Secretaría de Administración pretende rescindir para dárselo en un nuevo concurso a aquella.
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A propósito.
Antes de que se revoquen los contratos adjudicados a la empresa representada por Belén Marcela Hernández Ramírez, valdría la pena que la Secretaría de Administración exhiba las garantías de cumplimiento timbradas por Amin Business, y de paso la misma garantía timbrada por Toka Internacional SAPI de CV, a la que se favoreció con una adjudicación directa de 95 millones de pesos para distribuir ese dinero correspondiente a la prestación de despensa entre los empleados de la administración pública estatal entre septiembre y diciembre de este año, a través de monederos electrónicos.
En uno y otro caso esas garantías timbradas, equivalente al 10% del monto de sus contratos, no existen, lo que constituye un riesgo para el gobierno del estado.
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