La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Elizabeth Angon Silva, llegó a un arreglo con la Fiscalía General del Estado (FGE) para que no se le iniciara un juicio penal por fraude, pero a cambio tuvo que aceptar la cancelación de su cédula y título profesional como licenciado en Derecho, expedido por el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP).
Paola Angon, al igual que otros funcionarios y políticos del sexenio del gobernador Rafael Moreno Valle, logró hacerse de un título profesional sin haber acreditado los estudios correspondientes, por lo que el extinto gobernador Miguel Barbosa Huerta instruyó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que les abriera carpetas de investigación por el delito de fraude.
Sin embargo, la denuncia contra la actual presidenta municipal de San Pedro Cholula se archivó hace unos días al cumplir con un Acuerdo Reparatorio con la FGE.
Por este arreglo, que se logró con la mediación de la Coordinación General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, la Fiscalía aceptó finalizar el procedimiento que le inició con la carpeta de investigación número 632/2019/FECC/UI-A/UIHC-AE por el delito de fraude, sancionado por los artículos 402 y 403 del Código Penal de Penal.
A cambio Paola Angon se comprometió a reparar el daño causado al Instituto de Educación Digital entregándole 8 proyectores portátiles, 5 impresoras y 3 laptop con su respectiva factura, y a redactar un escrito solicitando al director de esta institución, Alfonso Abascal Serrano, la cancelación de su título y su cédula profesional, ambos expedidos de manera electrónica.
El título como licenciada en Derecho tiene el número de folio F2688A8E-7DF8-4C54-A63C-14D3A5E8C796, y fue expedido el 11 de diciembre de 2018, y la cédula profesional el número 11473526, expedida el 9 de enero de 2019.
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Otros personajes que también se habrían titulado en el Instituto de Educación Digital, y a los cuales la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción les integró carpetas de investigación son Francisco “Franco” Rodríguez Álvarez, Roberto Ruiz Esparza y Jesús Christian Giles Carmona.
Hasta donde se sabe la denuncia de Franco Rodríguez escaló hasta un Juez de Control, que ordenó la suspensión condicional del proceso, a cambio de que el empresario y político hiciera una serie de acciones en beneficio de la comunidad, firmara cada 15 días ante un Juzgado, pagara una sanción económica y no pudiera salir del país.
En el Registro Nacional de Profesiones de la SEP no hay constancia de que Franco Rodríguez mantenga su cédula profesional como licenciado en Administración.
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Quien sigue litigando la denuncia que le presentó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es el excapitán del equipo Puebla de futbol, Roberto Ruiz Esparza, quien fue diputado federal del PAN, director del Instituto Poblano del Deporte y candidato a la presidencia municipal de Puebla del partido Nueva Alianza y el PVEM en 2007 y 2021.
Ruiz Esparza se rehusó a llegar a un Acuerdo Reparatorio con la Fiscalía, por lo que su carpeta de investigación se judicializó y llegó al juez de control Fernando Martínez Espinosa, quien lo vinculó a proceso.
Su defensa busca un acuerdo similar al de Franco Rodríguez, pero el político y exfutbolista se niega a que le cancelen su título y cédula profesional como licenciado en Administración, egresado del IEDEP.
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El que sí logró conservar su título profesional como licenciado en Derecho expedido por el IEDEP es el exdirigente estatal del PAN, Jesús Christian Giles Carmona.
Este sí se fue a juicio ante un Juzgado de Oralidad Penal, que el año pasado lo absolvió del delito de uso de documento falso, por el que fue acusado por la Fiscalía.
Antes de que se emitiera esa sentencia también se le ofreció un Acuerdo Reparatorio y la suspensión condicional del proceso, lo que su defensa rechazó.
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