En el peor momento, a la mitad de la campaña electoral, le ha llegado la hora a Irene Olea Torres, pues este jueves luego de un aplazamiento de dos meses y medios ahora sí va a iniciar el juicio en contra de la edil de Izúcar de Matamoros que busca reelegirse, en el cual enfrentará 7 cargos penales relacionados con los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, tortura y abuso sexual contra las jóvenes periodistas Natalie y Michelle Hoyos López.
El juicio debía haber iniciado a mediados de febrero, que fue cuando se programaron las dos primeras audiencias judiciales del caso, pero la edil y los otros 11 imputados recurrieron a una serie de amparos para intentar echar abajo la denuncia que presentó en su contra la Fiscalía General de la República (FGR). Lo único que consiguieron fue alargar los tiempos, pero no evitar ser sentados en el banquillo de los acusados.
La justicia federal ha fijado dos audiencias para desahogar este caso. La primera es este jueves y deben comparecer los 12 acusados ante el juez de la causa.
Una segunda audiencia se realizará el lunes entrante y a ella fueron llamados únicamente Irene Olea; Marco Antonio Enríquez Ramírez, quien es el director de Seguridad Pública; y Jesús Venancio Castro, el juez calificador que justificó la detección y tortura de las periodistas bajo el argumento de que: “habían ensuciado” la ciudad.
Hay dos derroteros inmediatos que se podrían producir en torno a este nuevo intento de iniciar el juicio en cuestión:
Primero: luego de que se ventilen las audiencias antes mencionadas, el juez de la causa podría dictar órdenes de aprehensión en contra de los acusados por algunos o todos los cargos que argumentó la FGR.
Eso podría llevar a Irene Olea Torres a perder la candidatura de Morena para reelegirse como edil de Izúcar de Matamoros.
Hay que fijarse en lo ocurrido con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas, a quien la autoridad electoral en dos ocasiones le ha negado la candidatura al Senado al constatarse que tiene en su contra dos órdenes de aprehensión por supuesto lavado de dinero.
Y en el caso de Irene Olea los delitos que enfrenta, entre otros, los de tortura y abuso sexual, son cargos más graves que lavado de dinero, que es la acusación que pesa contra García Cabeza de Vaca.
Segundo: no se debe descatar la posibilidad de que otra vez el Poder Judicial aplace las audiencias del juicio contra la alcaldesa hasta que pasen los comicios del 2 de junio.
Si se da este segundo escenario, el Poder Judicial federal estará mandando un pésimo mensaje al gremio de periodistas, al ejercicio del derecho constitucional de la libertad de expresión y a la defensa de los derechos humanos.
Se sabe que, Irene Olea utilizando su condición de militante de Morena, pese a que ha gobernado con los grupos del PRI de Izúcar de Matamoros, ha estado echando mano de todo tipo de influencia del oficialismo morenista para intentar que la FGR retire los cargos o los modifique por delitos menores.
¿Por qué sería un agravio para el gremio de periodistas que se frene el juicio contra Irene Olea y los otros 11 acusados?
Porque el expediente, que consta de 10 tomos y 12 mil fojas, que elaboró la FGR por el caso de Natalie y Michelle Hoyos López es un precedente de gran relevancia para la protección de los periodistas contra los abusos del poder político de Puebla.
El documento ministerial incluye toda la metodología –establecida por la ONU—del Protocolo de Estambul, que sirve para detectar casos de tortura.
En este caso, la FGR ha establecido –mediante el Protocolo de Estambul– que está probada la tortura de las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López que, el 10 de marzo de 2023, fueron detenidas por 18 agentes de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, para después ser incomunicadas, torturas, desnudadas y abusadas sexualmente.
Todo por el simple hecho dar una cubertura informativa de un colectivo feminista que preparaba la marcha por el Día Internacional de la Mujer.
Se dice que el expediente también contendría la declaración de testigos protegidos que habrían rendido el testimonio de que Irene Olea no fue ajena a lo ocurrido, que ella habría estado al tanto de la detención de Natalie y Michelle Hoyos López y al parecer, dio la orden de que se cometieron los abusos sufridos en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública.
En Puebla nunca se ha castigado los abusos físicos, económicos, de amedrentamiento que el poder político ha ejercido contra periodista.
Pedir disculpas personales, es lo mejor que ha pasado hasta ahora en los excesos de funcionarios, legisladores o alcaldes contra reporteros, fotógrafos, columnistas o directores de medios de comunicación.
Muchos miembros del gremio cuando sufren agresiones del poder político en Puebla mejor prefieren retirarse temporal o definitivamente del periodismo para evitar que pase algo mayor.
Ya es tiempo que por primera vez se haga justicia.
