El próximo domingo se cumple un año de un acto represivo del gobierno de Izúcar de Matamoros contra el colectivo feminista Marea Púrpura, que derivó en la detención ilegal, tortura y abuso sexual contra las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López. El ayuntamiento de la edil morenista Irene Olea Torres quiere vender la imagen de indiferencia frente a este oscuro episodio, sin embargo, los servidores públicos involucrados han empezado a promover juicios de amparos para evitar que se giren órdenes de aprehensión en su contra.
Se sabe que el miedo ha inundado el círculo de colaboradores de la alcaldesa Irene Orea, ante la existencia de una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que tiene 10 tomos, con más de 12 mil fojas, que incluye un fallo positivo del Protocolo de Estambul que demuestra que las hermanas Hoyos López si fueron objeto de torturas en los separos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros la noche del 10 de marzo de 2023 y la madrugada del día siguiente.
También ha trascendido que –en el expediente– habría evidencias que apuntan a que Irene Olea si estuvo enterada de la detención ilegal y violenta de las periodistas de Enlace de la Mixteca, que supo del excesivo operativo policiaco de 18 agentes contra cuatro mujeres –las hermanas Hoyos y 2 activistas de Marea Purpura–, así como de la incomunicación, las amenazas y las agresiones sexuales contra las comunicadoras, que se justificó con el frívolo argumento oficial –del juez de paz Jesús Venancio Castro– de que las detenidas habían recibido ese trato por “ensuciar la ciudad”.
Este episodio ya se llevó ante un tribunal de justicia oral y los días 19 y 27 del pasado mes de febrero, se tendrían que haber realizado las primeras audiencias judiciales, en las cuales tenían que comparecer 19 servidores públicos, entre funcionarios de primer nivel del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, así como los policías involucrados en la represión de hace un año.
El gobierno local de Izúcar de Matamoros está haciendo hasta lo imposible para retrasar lo más que se pueda el juicio contra la alcaldesa Olea Torres y sus colaboradores.
Por ahora, han logrado que la primera audiencia se pospusiera hasta los días 26 o 27 de ese mes.
Y la segunda audiencia, se desahogará hasta mayo, sin que todavía se fije el día exacto.
El problema de fondo para la alcaldesa Irene Olea Torres es que distorsionó todo lo acontecido.
Al gobierno del estado y la Fiscalía General del Estado de Puebla les reportó una versión de los sucesos que es muy diferente a la información que recabaron 12 peritos y agentes de la FGR.
El parte oficial de la policía tampoco coincide con la reconstrucción de los hechos, para lo cual se tienen testigos y grabaciones de cámaras de video privadas que recabó la FGR.
Eso apunta a que se alteraron los documentos del ayuntamiento para aparentar que nada grave ocurrió esa trágica noche y madrugada de marzo del año pasado.
Todos estos detalles han metido en un callejón sin salida a la presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, ya que al final lo que cuenta son las actuaciones de la FGR que ha llevado ante un juez las evidencias de los abusos contra las periodistas y la manera en que se intentó ocultar los actos ilegales.
Irene Olea Torres se ha convertido en la primera presidenta municipal del estado de Puebla que es llevada a un juicio por reprimir al movimiento feminista y a dos periodistas.
No se tiene ningún antecedente en Puebla de otro presidente municipal que lo hayan sentado en el banquillo de los acusados por violentar el derecho constitucional de la libertad de expresión.
Un hecho que es penoso, es denigrante, para Irene Olea que se supone cursó estudios universitarios de Ciencias de la Comunicación.
Y sobre todo, la parte más vergonzosa, es que siendo mujer la edil de Izúcar de Matamoros todo este episodio se detonó porque se ordenó a la policía perseguir y reprimir a las organizadoras de la marcha del Día Internacional de la Mujer en Izúcar de Matamoros, que el año pasado se realizó en este municipio tres días después del 8M, el día oficial de dicha movilización que se realiza en todo el mundo.
La noche del 10 de marzo pasado, las integrantes del colectivo Marea Púrpura realizaron una jornada artística previa a la marcha del día siguiente. Las hermanas Natalie y Michelle acudieron a cubrir la nota, en su calidad de reportera y fotógrafa de Enlace de la Mixteca, respectivamente, cuyo director es el padre de las jóvenes.
Al termino de las actividades, las periodistas decidieron llevar en su vehículo a dos de las activistas que ya se retiraban a sus domicilios, cuando fueron interceptadas por 18 policías municipales, sin tener una justificación jurídica para detenerlas.
Se sabe que el objetivo era darle “un escarmiento” a Citlalli Soriano Ortega, una de las líderes de Marea Púrpura.
Pero cuando descubrieron que ahí estaban las comunicadoras, los policías se enfocaron más en ellas por ser hijas de un periodista que ha sido crítico del errático gobierno de Irene Olea.
No cabe duda, que Irene Olea es tal vez la presidenta municipal más anti-feminista del estado de Puebla.
Ni las alcaldesas conservadoras del PAN se han atrevido a hacer lo que sí consintió Irene Olea.
