Tras una larga espera de dos años y tres meses, la justicia federal ha determinado citar a una audiencia a la ex presidenta municipal de Izúcar de Matamoros Irene Olea Torres, para que responda a los presuntos delitos de haber ocultado –siendo alcaldesa– la detención ilegal, la tortura y agresión sexual contra las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López, por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública que estaban bajo su mando.
Todo hace suponer que la exedil –surgida de Morena– ya no tiene escapatoria y sería vinculada a un proceso penal por los presuntos delitos de falsedad de declaraciones ante una autoridad y por ocultar documentos oficiales.
Las dos comunicadoras fueron objeto de una brutal agresión por parte de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros la noche del 10 de marzo de 2023, que corresponde al segundo año del mandato de Irene Olea como alcaldesa de esa localidad. Los afectados por este hecho siempre han sostenido que la presidenta municipal habría sido quien ordenó la acometida contra las periodistas.
Como pocas veces, la Fiscalía General de la República (FGR) logró aplicar el Protocolo de Estambul y determinó que sí hubo tortura contra ambas reporteras que, en ese entonces, cubrían la organización previa por la marcha del Día Mundial de la Mujer como integrantes de la redacción del diario Enlace de la Mixteca.
Semanas después de que se hizo la demanda penal por lo ocurrido, un nutrido equipo de la FGR, formado entre policías, agentes del Ministerio Público federal y peritos, llegaron hasta Izúcar de Matamoros, en una diligencia sorpresa que permitió recabar testimonios y elementos documentales que demuestran que sí existió el atentado contra las hermanas Hoyos López.
Una situación que metió en un brete a Irene Olea y 12 funcionarios municipales que aseguraban que “no había pasado nada”. Según la versión oficial del Ayuntamiento es que todo se había reducido a la aplicación de una simple falta administrativa por “ensuciar la ciudad”.
Es importante aclarara que el tema del ocultamiento de la información es apenas la primera parte del proceso penal que se sigue por este asunto.
La segunda fase es esclarecer el delito de tortura, que es considerado un ilícito grave y del que también podría acabar involucrada Irene Olea.
Hasta hace unos días, la acusación de desaparecer las evidencias de la agresión únicamente había recaído en contra de cinco agentes de la Policía Municipal y de Jesús Venancio Castro, quien era el juez municipal al momento de la privación ilegal de la libertad de las periodistas. Eso ya cambió drásticamente.
Como resultado de los elementos de prueba que ha presentado la FGR ante Poder Judicial Federal, se logró que en el proceso penal que se sigue a los policías y el ex juez, se incorpore a Irene Olea, como la máxima autoridad de Izúcar de Matamoros, que habría intentado “borrar” las huellas de la detención ilegal, la tortura y la agresión sexual que las reporteras sufrieron en los separos de la Policía Municipal entre la noche del 10 de marzo y la madrugada del día 11 del mismo mes de 2023.
De acuerdo con lo que determinó la justicia federal, Irene Olea Torres tendría que comparecer el próximo lunes a las 13.30 horas, ante el Centro de Justicia Penal Federal, que se encuentra en las inmediaciones de El Batán, el hospital psiquiátrico de Puebla.
Buscan proteger a Irene Olea desde el Poder Judicial de Puebla
Todo marchaba bien en el camino de vincular a Irene Olea Torres al proceso penal que se sigue por la agresión contra las jóvenes Michelle y Natalie Hoyos López, pero como siempre ocurre en el defectuoso y corrupto Poder Judicial, algo ha fallado.
Resulta que bajo el argumento de que en el Centro de Justicia Penal Federal hay exceso de cargas de trabajo, se trasladó la audiencia en la que debe comparecer Irene Olea a un tribunal del Poder Judicial de Puebla, de manera supletoria y temporal.
Por la aplicación del reglamento en la materia, se determinó que la audiencia la debe hacer el juez de la Sala de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Penal Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur, radicado en Izúcar de Matamoros.
Y resulta que el titular de ese juzgado, hasta el jueves por la noche, no ha citado para la audiencia del lunes. Tampoco ha informado a las partes involucradas el avance del trámite, tal como se establece en los procedimientos penales.
Pareciera que el juez a cargo, del que todavía no se sabe su nombre, estaría actuando a favor de Irene Olea, pues de acuerdo con información oficial, desde la semana pasada el togado recibió el exhorto para cumplir con la realización de la audiencia en cuestión.
Si de que aquí al próximo lunes no convoca a la audiencia, estaría violando los artículos 75, 76 y 77 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es lo que se ha advertido desde la FGR.
