Vecinos de la Unidad Habitacional La Margarita y la Asociación Civil Colectivas exigieron que se inicie una investigación oficial sobre autoridades federales, estatales y municipales de la presente y pasadas administraciones, que podrían haber sido parte de la cadena de sobornos implementada por la trasnacional Wal Mart en México.
Ambas organizaciones consideraron “sospechosa” la actitud que desde hace al menos 12 años han tenido los diferentes niveles de gobierno, promoviendo la instalación de una tienda de la cadena estadounidense de supermercados en la Manzana 36 del complejo vecinal, a pesar de que organismos especializados en prevención de desastres, ecología y protección civil han advertido que en ese sitio resulta sumamente riesgoso una construcción de ese tipo.
A nombre de los vecinos, Guillermo Espinosa Trejo y Vicente Vargas Castillo, y de Colectivas AC, el abogado René Sánchez Galindo expresó la suspicacia que genera la solicitud verbal que ha hecho en varias ocasiones el titular de la Dirección de Atención Vecinal y Apoyo Comunitario de la presidencia municipal de Puebla, Eduardo Alcántara Montiel, solicitando que los condóminos entreguen en comodato la Manzana 36.
“Ni el ayuntamiento de Blanca Alcalá Ruiz necesitó esa donación para hacer la obra de un fraccionamiento deportivo, ni tampoco lo requirió la Secretaría de Desarrollo Social a través de la delegada federal, Myriam Arabian Couttolenc, para hacer una cancha en las inmediaciones, no vemos por qué ahora el interés en ese comodato”, advirtió Sánchez Galindo.
Los vecinos especulan que probablemente la intención de la administración encabezada por el panista Eduardo Rivera Pérez es tener en su poder el lote para luego entregárselo a Wal Mart.
Ayer por la tarde, Alcántara Montiel convocó a los condóminos para celebrar una asamblea en la que se destituiría a Lydia Chávez como presidente de la Mesa Directiva de La Margarita, porque su gestión ya excedió el periodo oficial. Sin embargo, el funcionario no asistió y en su lugar llegó una mujer que se presentó como “la delegada Carmen” (sic).
A la reunión arribaron unas 100 personas y el momento fue aprovechado por Guillermo Espinosa Trejo, para advertir que tal vez lo que quería Alcántara era un pretexto –la defenestración de Chávez, quien no es muy popular entre los vecinos– para que en ese cónclave se sorprendiera a los condóminos, a fin de que en ese momento cedieran la Manzana 36.
La arenga del líder provocó que “la delegada Carmen” se le acercara y le reprochara, palabras más, palabras menos, de la siguiente forma: “¡don Guillermo, por qué revienta mi movimiento!”.
Sánchez Galindo expresó que, dado lo que ayer informó el diario estadounidense The New York Times –sobre una red de sobornos de la trasnacional a funcionarios mexicanos– en el caso del Wal Mart de La Margarita deberían iniciarse indagatorias sobre funcionarios del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), la Comisión Nacional del Agua, así como los diferentes gobiernos estatales y municipales que ha habido en los 12 años recientes.
Versión de Wal Mart
Wal Mart investiga desde hace un año posibles violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos, por posibles actos de corrupción de sus directivos en México entre los años 2003 y 2004, aseguró Lorenzo López, vocero de la empresa, a través de un video publicado en YouTube.
Al responder al artículo publicado por el diario estadounidense The New York Times, sobre posibles sobornos a funcionarios mexicanos para instalar al menos 19 tiendas, entre ellas, la que se encuentra ubicada en las inmediaciones de la zona arqueológica de Teotihuacán, la empresa respondió que un comité auditor con integrantes independientes a la empresa supervisa la investigación, y que desde entonces ya se han tomado medidas al respecto, como la verificación de los procesos y procedimientos de sus empleados a nivel global.
El vocero agregó que la indagatoria, al estarse llevando a cabo de manera profunda e independiente, tomará tiempo para arrojar conclusiones, por lo que lamenta no poder “decir más” al respecto.
El 4 de noviembre de 2004 se abrió la Bodega Aurrera, filial de la trasnacional Wal Mart, en medio de una serie de protestas y reclamos de distintos grupos sociales, que consideraban que la tienda quedaba dentro de perímetro C de Teotihuacán, lo que violaba la normatividad que regula la construcción dentro o alrededor de zonas y monumentos arqueológicos. Agrupados en el Frente Cívico en Defensa del Valle de Teotihuacán, los opositores a la tienda denunciaron en su momento que ésta había sido autorizada de manera indebida por distintas autoridades.
Enrique González, uno de los coordinadores del Frente Cívico, señaló que la construcción de la Bodega Aurrera violaba la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, su reglamento y el decreto presidencial de agosto de 1988 que regulan las obras realizadas dentro de las zonas de monumentos arqueológicos.
“El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) debe cancelar la licencia para la obra y fincar responsabilidades ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables de los actos y omisiones cometidos en la construcción de la Bodega Aurrerá en San Juan Teotihuacán”, señaló en ese entonces, y acusó expresamente de “corrupción” a las autroridades que liberaron el predio en el que se construyó la tienda, a las que otorgaron la licencia de construcción.
