Ex trabajadores del Monte de Piedad denunciaron que el Instituto de Asistencia Pública (IAPEP) y el gobierno del estado se niegan a liquidarlos conforme a la ley; a través de un despacho externos se les ofrece únicamente cubrir una quincena, así como la prima vacacional y el aguinaldo en dos y hasta tres exhibiciones.
Ayer en el pleno de la LVIII Legislatura del Congreso del estado aprobó por unanimidad el dictamen para extinguir el organismo cuyos ingresos y propiedades serán transferidos a un fideicomiso operado por un consejo colegiado que encabezará el gobernador Rafael Moreno Valle.
A la par, un grupo de 25 afectados, que tenían laborando entre cinco y 10 años de servicio, llegó al Congreso local para solicitar su intervención a fin de evitar que se violen los derechos laborales de los trabajadores.
Antes estuvieron en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) atendiendo a un citatorio para un arreglo con el gobierno estatal; no obstante ningún representante de la administración estatal se presentó.
Los ex empleados analizan la posibilidad de iniciar una demanda laboral para defender sus derechos al considerar que la administración estatal quiere prolongar las negociaciones hasta enero de 2013, cuando desaparece formalmente el IAPEP.
El temor de los trabajadores –quienes pidieron anonimato por temor a represarías– es que una vez que se cumpla la extinción del IAPEP no habrá patrón al que se le pueda reclamar el cumplimiento de pago, pese a que el gobierno encabezado por Rafael Moreno Valle está acreditado como obligado solidario.
Por otra parte, los quejosos revelaron que un grupo de diputados, encabezados por José Juan Espinosa Torres, tuvo ayer una reunión con los representantes gubernamentales, con el fin de negociar liquidaciones justas y apegadas a la ley.
Los trabajadores reclaman como liquidación tres meses de sueldo más 12 días por cada año trabajado, como mínimo, además de la prima vacacional y el pago del aguinaldo en una sola exhibición.
En este sentido, externaron también que están preocupados por un fondo de ahorro creado por los valuadores del Monte de Piedad, el cual no ha sido reconocido por la institución y el cual tendría unos 60 mil pesos en total.
Durante la tarde varias decenas de empleados se presentaron en las oficinas que albergaron la dependencia en la avenida Reforma 710 para exigir al director Ernesto Pineda Sandoval atienda directamente las quejas y se suprima al despacho contratado por la Secretaría de Administración (SA) –encabezada por Cabalán Macari Álvaro– para realizar el proceso de liquidación de personal.
Al respecto el diputado local por Movimiento Ciudadano José Juan Espinosa Torres dijo que el gobierno del estado no puede lavarse las manos porque está obligado a asumir la responsabilidad según el decreto aprobado por el pleno del Congreso.
Lauro Sánchez, diputado local del PRI, indicó que ante la extinción del IAPEP se conformara un fideicomiso que captará todos los recursos que se generen por cobros de estacionamientos o por uso de la ex hacienda de Chiautla. El usufructúo o destino de ese recurso se decidirá por un órgano colegiado en el que participaran diferentes instancias de gobierno, incluida la Cruz Roja.
