La secretaria de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reiteró este viernes que el Gobierno de México no comparte las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, aunque insistió en que se mantendrá el trabajo conjunto con los organismos internacionales.
“Una cosa es el contenido de un documento, o sea, no estamos a favor de las conclusiones, eso no cambia, y estamos también por continuar trabajando de la mano con todos los organismos internacionales. Nosotros colaboramos con el Alto Comisionado (de la ONU) desde siempre, es de lo más importante”, declaró la funcionaria.
¿Qué dijo el Comité de la ONU?
El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) publicó el 2 de abril de 2026 un reporte en el que señala indicios fundados de que en México se han cometido y continúan cometiéndose desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, al identificar patrones de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes periodos y regiones.
El organismo también alertó sobre la crisis forense (más de 4 mil 500 fosas clandestinas halladas, miles de restos sin identificar) y la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta ahora, por lo que activó el artículo 34 de la Convención para llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU y solicitar apoyo técnico y financiero.
El 6 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el documento durante la conferencia de prensa matutina de la Presidencia, al argumentar que este reporte no contempla las acciones recientes emprendidas por su gobierno.
“Varios temas no fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento”, dijo.
La mandataria federal cuestionó la metodología del informe, argumentando que extrapola datos principalmente de años anteriores (2009-2017 en algunos estados) sin incorporar plenamente las actualizaciones y reformas enviadas por México.
Alto número de desaparecidos sin carpetas de investigación
El propio Gobierno federal ha reconocido recientemente que más de 130 mil personas permanecen desaparecidas o no localizadas en el Registro Nacional (cifra que supera los 132 mil según algunos reportes hasta febrero-marzo 2026). Se trata de un acumulado histórico desde hace varios años, no solo del actual gobierno.
Sin embargo, organizaciones como Causa en Común y datos oficiales han puesto en evidencia que, de esa cifra total, solo existen alrededor de 3 mil 869 carpetas de investigación formales abiertas, lo que refleja una brecha importante entre los registros y las indagatorias judiciales activas.
El Gobierno ha señalado que muchos reportes carecen de datos suficientes para iniciar una búsqueda o investigación plena, y ha anunciado medidas para fortalecer las obligaciones de las fiscalías en este rubro.
Además, apenas fue en julio de 2025 cuando entró en vigor la reforma legal que hace obligatorio abrir una carpeta de investigación por cada registro de persona desaparecida. La propia Sheinbaum ha explicado: “antes no era obligatorio y eso generó un rezago muy grande”.
Si bien es un paso fundamental para el avance en la materia, está por verse si esta medida, de la mano de la Estrategia Nacional de Seguridad, está teniendo resultados concretos; es probable que esta sea la razón por la cual no está contemplada en el reporte de la ONU.
Rosa Icela Rodríguez enfatizó que el rechazo a las conclusiones del Comité no implica cerrar puertas al diálogo ni al trabajo cotidiano en búsqueda de personas, identificación forense y atención a familias.
