“Yo fui, yo fui… confieso lo que ustedes quieran”, les dijo a sus torturadores Marcelo Laguarda Dávila luego de tres días de cautiverio. Eran como 20 agentes de la policía ministerial los que se presentaron en su casa y lo secuestraron con armas largas: “Somos de Los Zetas”, le dijeron al subirlo al coche. Luego lo llevaron a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) a cargo de Adrián de la Garza, procurador general de Justicia de Nuevo León.
El tormento inició desde el principio: aturdido, aterrorizado por los golpes y las amenazas, fue llevado sin orden de detención al auditorio de la AEI donde había decenas de detenidos también bajo tortura. Uno de los policías le empezó a vendar la cara, excepto la nariz, y a continuación le lanzó agua para intentar ahogarlo. Allí supo de que lo acusaban: “Confiesa, di que fuiste tu, que lo mandaste matar”.
Inmovilizado, sin poder respirar, Marcelo sentía el peso de otro policía encima de su pecho y otro más sujetándole las piernas. Además de la cabeza vendada, método utilizado para torturar denominado “la momia”, le aplicaron toques eléctricos, le reventaron un oído, lo patearon en las costillas y en el tórax, fingieron ejecutarlo tomándolo de los pies y sacándolo por la ventana boca abajo desde un tercer piso, le colocaron reiteradamente una bolsa negra en la cara para asfixiarlo y le colocaron varias veces una pistola en la cabeza para amenazarlo de muerte.
“Yo no fui. No se nada, no entiendo nada”, les decía. Después de tres días de cautiverio empezó a flaquear. El dolor en todo el cuerpo era más intenso, no lo dejaban dormir, no le daban de comer ni de beber. Le empezaron a vendar la cabeza para lanzarle nuevamente agua e intentar ahogarlo, lo hicieron tres veces, hasta que por fin les dijo: “Ya, ya, por favor, lo que sea, yo confieso lo que ustedes quieran… Yo fui, yo fui”.
A Marcelo se le llenan los ojos de lágrimas. Han pasado dos años de su detención y no se recupera aún de las huellas psicológicas y físicas de la tortura. Está en el Penal del Topo Chico, una cárcel de Monterrey controlada por Los Zetas. Por aquella declaración bajo tortura fue sentenciado a 42 años de cárcel: “Aún no puedo creer que este aquí, no puedo creer que me hayan condenado siendo inocente. A todos les dije que fui torturado y a nadie le importó”.
Luego de aceptar bajo tortura firmar una confesión, supo de que lo acusaban: de haber mandado asesinar a Víctor Castillo Santillán, compañero de estudios de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y originario de Ramos Arizpe, Coahuila.
La historia que le inventaron era verdaderamente cinematográfica: él había contratado a dos Zetas para matarlo el 20 de abril de 2010 y les pagó 2 mil pesos por adelantado. El resto del dinero jamás fue cobrado por los asesinos que, además, nunca fueron detenidos. El móvil eran los celos por una compañera francesa que estaba de intercambio en la misma universidad y que ambos conocían.
La versión de los ministeriales fue que Marcelo presentó tres declaraciones: en las dos primeras negó los hechos, pero en la tercera confesó. Más aún, señalaron que él había decidido ir por su cuenta a confesar su crimen, observó a unos policías ministeriales en la calle los detuvo y les dijo espontáneamente mandó ejecutar a su amigo.
Marcelo se frota las manos, aún tiene las cicatrices de la tortura en sus dedos. Después de su cautiverio fue llevado al Hospital Universitario para ser atendido. Le tomaron fotos de las huellas de la tortura, imágenes que posteriormente desaparecieron del expediente y luego del largo arraigo lo presentaron ante un juez a quien le dijo lo sucedido: “Tu ya te chingaste”, le dijo el policía ministerial que lo llevó ante el juez, “Ya dijiste que fuiste tu. Ahora tienes que firmar”.
Marcelo comunicó al juez que todo había sido bajo tortura, pero no le hizo caso. Los dedos de las manos le dolían y no podía ni siquiera tomar la pluma para firmar, pero el policía ministerial le colocó un encendedor para quemarle las manos: “Ves como si puedes firmar”, le dijo.
Los padres de Marcelo buscaron otro médico que se encargo de certificar las huellas de la tortura. Hay pruebas de un “puntilleo hemorrágico de forma lineal”, como cuando se reciben descargas eléctricas, y graves contusiones en la mandíbula, el cuello, el tórax y los dedos de las manos.
De nada sirvió. Los policías ministeriales adscritos a la Agencia Estatal de Investigación (AEI) a cargo del procurador Adrián de la Garza, forman parte de la policía más torturadora con 20 de 23 recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH) en los últimos seis meses. Ninguna autoridad atendió debidamente las denuncias de tortura, ni siquiera la CEDH. Un año después, Marcelo Laguarda Dávila fue sentenciado a 42 años de cárcel por un delito que no cometió.
