Artículo 19, organización que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, acusó que Michelle Hoyos López, reportera gráfica, y Natalie Hoyos López, periodista, fueron agredidas y arrestadas mientras realizaban la cobertura de las manifestaciones y distintos eventos en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
De acuerdo con el comunicado de Artículo 19, las reporteras, del medio Enlace Noticias, cubrían el 10 de marzo las actividades del colectivo feminista “Marea Púrpura” en el Zócalo de Izúcar de Matamoros, en Puebla, como parte de lo eventos del 8 de marzo, tras finalizar las actividades, las periodistas llevaron a una de las activistas a su domicilio.
Al llegar al inmueble se dieron cuenta que una patrulla de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros las seguía con las luces de la sirena apagadas. Después, llegaron cinco elementos más y después arribaron cuatro vehículos de la policía, dos patrullas y dos motos, por lo que en total había 18 policías municipales. Los elementos de seguridad las detuvieron arbitrariamente, “y todo por órdenes de la jefa Irene Olea Torres, presidenta municipal de Izúcar de Matamoros”, informó Artículo 19.
Después, trasladaron a las mujeres a la Subcomandancia de Seguridad Sur, en donde, de acuerdo con la organización, fueron humilladas, insultadas, golpeadas y violentadas sexualmente por parte de una mujer policía.
Durante el tiempo que estuvieron retenidas, a las periodistas les exigieron que nombraran quiénes habían participado en las manifestaciones del 8 de marzo; además, las mantuvieron incomunicadas por cuatro horas. El 11 de marzo, las reporteras fueron liberadas después de que pagaran mil 900 pesos, cada una, “por supuestamente ‘ensuciar’ las calles”, informó la organización.
Además, Artículo 19 señaló que en el marco del Día Internacional de la Mujer la policía municipal de Izúcar de Matamoros arrestó a tres activistas y a un hombre, quienes también fueron víctimas de tratos degradantes y crueles.
Ante este caso, Artículo 19 pide a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla investigar lo sucedido, además de proteger a las periodistas, “garantizando su derecho a la justicia y reparación”. De la misma manera solicita a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) presentar una queja por las agresiones hacia las reporteras para garantizar que estos eventos no se repitan. Finalmente, exigen al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas “aplique las medidas necesarias para proteger a las periodistas agredidas por la Policía Municipal”.