La tercera audiencia del proceso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, concluyó este miércoles en un tribunal federal de Nueva York con la definición preliminar de un calendario que coloca el inicio del juicio para el 1 de junio de 2027, mientras la defensa prepara una de sus principales líneas de ataque: el argumento de inmunidad presidencial y protección derivada de su condición de jefe de Estado.
El juez federal Alvin Hellerstein, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, avaló el cronograma presentado por las partes para avanzar hacia el juicio, aunque antes deberán resolverse diversos recursos legales. Entre ellos destaca la intención de los abogados de Maduro y Flores de solicitar la desestimación del caso con base en cuestionamientos sobre la jurisdicción estadounidense y la inmunidad que, según la defensa, debería aplicarse al exgobernante venezolano.
La defensa prepara una ofensiva basada en inmunidad
El equipo legal de Maduro, encabezado por el abogado Barry Pollack, sostiene que el proceso enfrenta obstáculos legales debido a que su cliente ejercía como presidente de Venezuela cuando ocurrieron los hechos que forman parte de la acusación. La defensa argumenta que Estados Unidos no tendría facultades para juzgarlo bajo esas circunstancias y también cuestiona la legalidad del procedimiento que lo llevó ante la justicia estadounidense.
Está previsto que el tribunal analice estos planteamientos en una audiencia posterior, programada para noviembre, donde se discutirán las mociones presentadas por la defensa.
¿De qué acusa Estados Unidos a Maduro y Cilia Flores?
El Departamento de Justicia estadounidense acusa a Maduro y Flores de delitos relacionados con narcotráfico, conspiración y posesión de armas, dentro de una investigación que las autoridades de Estados Unidos han vinculado con presuntas operaciones internacionales de tráfico de drogas. Ambos han rechazado los señalamientos y se han declarado no culpables.
La Fiscalía sostiene que Maduro habría utilizado su posición política para facilitar actividades ilícitas, mientras que la defensa mantiene que las acusaciones tienen motivaciones políticas y que el proceso vulnera sus derechos.
Un proceso con impacto político internacional
El caso representa uno de los procesos judiciales más relevantes contra un exmandatario latinoamericano en Estados Unidos y ha generado debate sobre los límites entre la justicia penal internacional, la soberanía de los Estados y la inmunidad de los gobernantes extranjeros.
La controversia también se extiende al contexto político venezolano, debido a que la situación de Maduro ocurre en medio de una crisis institucional que ha enfrentado al gobierno venezolano con diversos actores internacionales durante los últimos años.
Próximos pasos del caso
Antes del juicio previsto para junio de 2027, la corte deberá resolver una serie de etapas procesales, entre ellas la presentación de mociones de la defensa, respuestas de la Fiscalía y revisión de evidencia. El resultado de esas audiencias podría definir si el proceso continúa hasta llegar a un juicio o si alguno de los argumentos legales modifica el rumbo del expediente.
Con la fecha del juicio ya establecida, la disputa central ahora se trasladará del terreno político al jurídico: determinar si Maduro puede ser juzgado en Estados Unidos o si la inmunidad presidencial será suficiente para frenar el proceso.
