El gobernador Alejandro Armenta Mier envió al Congreso del estado una iniciativa de reforma constitucional para establecer topes a pensiones y jubilaciones de funcionarios públicos, reducir el número de regidurías en ayuntamientos, limitar prestaciones consideradas extraordinarias y fijar criterios de austeridad en organismos públicos de Puebla.
La propuesta, turnada para análisis legislativo, busca armonizar la legislación estatal con las reformas impulsadas a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, particularmente en materia de disciplina presupuestaria, racionalidad en pensiones y estructura municipal.
Uno de los principales puntos de la iniciativa establece un tope a las llamadas “pensiones doradas” para personal de confianza de organismos públicos descentralizados, fideicomisos, comisiones, empresas de participación estatal y otros órganos públicos. La propuesta señala que las jubilaciones o pensiones no deberán exceder la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Poder Ejecutivo Federal y del Gobierno del Estado.
Asimismo, la reforma contempla restricciones a prestaciones financiadas con recursos públicos. Consejerías electorales, magistraturas y titulares de áreas administrativas de organismos electorales no podrán contratar seguros de gastos médicos privados, seguros de vida, pensiones privadas, cajas de ahorro especiales ni regímenes extraordinarios de retiro.
En materia municipal, el proyecto propone que los ayuntamientos se integren por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta un máximo de 15 regidurías, además de mantener criterios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género.
Otro de los cambios incluidos plantea que el presupuesto anual del Congreso de Puebla no exceda el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos estatal, como parte de una política de austeridad y racionalidad del gasto público.
La iniciativa también considera reglas para magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa, las cuales permanecerían en el cargo por un periodo improrrogable de 15 años.
De acuerdo con la exposición de motivos, la reforma responde al mandato federal que establece como fecha límite el 30 de mayo de 2026 para que las entidades armonicen sus marcos jurídicos en materia de límites a pensiones y jubilaciones del sector público.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local para su estudio y eventual discusión en el Pleno.
