La situación que vive actualmente la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza llegó hasta la conferencia matutina del Gobierno de México, luego de que un reportero cuestionó el uso de insignias, logotipos y uniformes similares a los de las Fuerzas Armadas en este plantel privado que opera en la ciudad de Puebla.
Fue el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien tomó el micrófono para aclarar un dato que no se conocía: la dependencia ya había alertado a la institución sobre esta irregularidad años antes de que se ordenara su cierre definitivo.
El titular de la Defensa explicó que, en el caso específico de Puebla, se detectó un plantel que utilizaba indumentaria idéntica a la empleada por los cadetes de las Fuerzas Armadas, por lo que la dependencia federal intervino para notificar a la institución sobre la irregularidad.
“Se les envió un oficio y una carta para hacerles saber que estaban incurriendo en una práctica ilegal. Hubo coordinación y se les brindó asesoría sobre el tema”, señaló Trevilla Trejo durante la conferencia.
El general recordó que desde 2008 este tipo de escuelas militarizadas quedaron prohibidas tras la publicación de un decreto que derogó las disposiciones que regulaban su funcionamiento y desvinculó a la Secretaría de la Defensa Nacional de estos centros educativos.
“En 2008 se emite un Decreto en donde se derogan todas esas disposiciones y la Secretaría de la Defensa Nacional ya no tiene ninguna relación respecto al funcionamiento de los planteles militarizados, por lo que dice que sí hay una disposición y está en el Código Penal, un artículo donde se prohíbe que se utilicen uniformes, insignias, grados inclusive y en caso específico de Puebla”, declaró.
Trevilla Trejo también recordó que el Código Penal Federal contempla sanciones para las personas que utilicen de manera indebida uniformes, grados, insignias o distintivos de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México.
Ya sin nombre ni insignias
Tras la orden de clausura definitiva del plantel poblano, el inmueble ubicado en la 17 Sur y 3 Poniente comenzó a ser modificado para eliminar cualquier referencia militar. El nombre de la academia y las insignias castrenses fueron retirados de la fachada y cubiertos con pintura del mismo color del edificio.
Las declaraciones del secretario de la Defensa se dan en medio de la revisión que realizan las autoridades educativas federales sobre este tipo de instituciones, luego de que la Secretaría de Educación Pública ordenó suspender el modelo de educación militarizada a nivel nacional a partir del ciclo escolar 2026-2027. La medida surgió después de la muerte de la menor Dafne Zapata Quintos durante un campamento organizado por una academia militarizada en Tamaulipas.
El procedimiento de clausura se está haciendo: Armenta
Por su parte, el gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier, aclaró que el plantel poblano aún no estaba clausurado formalmente, aunque el trámite ya estaba en curso.
“Nosotros atendemos la ley y el procedimiento de clausura se está haciendo; todos estamos obligados a apegarnos a la ley”, declaró el mandatario al ser cuestionado sobre el hecho de que la academia se negaba a cerrar sus puertas, sin precisar en qué etapa se encuentra el proceso.
Ante la posibilidad de que los 86 alumnos que estudiaban ahí –entre preescolar, primaria y secundaria, según la última actualización del Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged) de la SEP federal– se quedaran sin opción para el ciclo escolar 2026-2027, Armenta Mier señaló que el Gobierno estatal les brindará alternativas académicas.
“A los papás que buscan educación con ese tipo de formación, de orden y de disciplina castrense, vamos a buscar opciones para que puedan estudiar en las escuelas y tener opciones en centros escolares”, dijo, sin mencionar las instituciones con las que cuenta el estado como alternativa a la academia militar.
El gobernador también pidió a los tutores de estudiantes y exalumnos de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza denunciar formalmente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) si fueron víctimas de un presunto abuso al interior de la institución.
