Lejos del intenso y honesto tren de trabajo que debiera tener y pasando por alto la seriedad de la alta responsabilidad de ser magistrado del Poder Judicial del Estado de Puebla, el panista José Roberto Grajales Espina se toma la vida con extrema calma y con campechana tranquilidad, tan similar a la de cualquier “aviador” de la rancia burocracia, quien cobra sin trabajar.
Fuentes de Ciudad Judicial aseguran que el ex diputado local (LV Legislatura, de 2002 a 2005) y ex integrante de la secta de ultraderecha El Yunque, casi nunca se presenta a cumplir con la labor, por la que cobra alrededor de cien mil pesos mensuales, incluidas prestaciones.
El operador electoral morenovallista, quien en la época más oscura de la casi dictadura del régimen anterior trabajó de la mano del hoy preso en Durango, Eukid Castañón Herrera, ni se despeina para su “labor” como integrante de la institución que administra la justicia en la entidad.
Hay datos duros que pintan de cuerpo entero a Grajales y su caso, que debería ser bien revisado ahora que está en desarrollo la implementación de la Reforma Judicial, que se aprobó a partir de la iniciativa que presentó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Grajales fue parte de El Yunque, pero traicionó a la organización ya ni tan secreta y más mito que realidad, para unirse con abyección al morenovallismo. Sirvió y fue servil operador de Rafael Moreno Valle Rosas. Fue delator de sus propios compañeros en el Partido Acción Nacional (PAN) y, por ello, como premio, fue nombrado magistrado en 2012.
A pesar de ser, desde entonces, magistrado, siguió operando electoralmente para los aviesos intereses de finado panista y participó activamente –aseguran varias fuentes electorales– en el fraude de 2018 contra el barbosismo.
Hay quienes lo identifican todavía, a 11 años de su nombramiento judicial, como operador electoral.
¿Cómo ejerce, si así se le puede llamar, o más bien cómo simula ejercer?
El panista es lo que, coloquial y vulgarmente, se conoce como un “aviador”. Su única actividad es firmar, una vez a la semana, los acuerdos y sentencias que elabora su secretario de estudio y cuenta, José Luis Ramírez Santos, quien trabaja con él desde hace 8 años y es su incondicional, hasta la ignominia.
En los pasillos de los juzgados, es harto conocido que Grajales Espina nunca está en su oficina. Simplemente no va.
No está en su rutina, y él supone que no forma parte de su trabajo, presentarse en alguna hora del día. Igual ocurre en las reuniones y en las sesiones del pleno. Es un notable y consuetudinario ausente.
Esa conducta es añeja en el panista: alguna ocasión, cuando aún era presidente Héctor Sánchez Sánchez –cuyos procesos por presuntas ilegalidades están en desarrollo ahora mismo, no se extinguieron–, otros magistrados expresaron formalmente su inconformidad por esto. No prosperó.
Grajales Espina es integrante “de facto” –porque no va– de la Segunda Sala en Materia Civil. ¿Entonces, cómo es que participa en esa instancia? Pues porque José Luis Ramírez Santos, secretario de cuenta, ejecuta las funciones de magistrado, sin serlo y da cause a los trámites legales que corresponden al titular.
(Pregunta para los especialistas: ¿se configura por ello algún delito?).
Ramírez Santos “despacha, solapa, revisa, autoriza, negocia” e, incluso hay señalamientos de fuentes que ofrecieron documentar la acusación, “vende” sentencias y acuerdos, que luego firma el magistrado Roberto Grajales Espina.
Cuando a José Roberto se le antoja aterrizar en los juzgados, “el eficiente secretario tiene pluma en mano y listos todos los documentos que necesitan firma y, en el caso de recursos judiciales que tienen término personal de su oficina, lo busca en su domicilio, o donde esté realizando otras actividades, para signar la documentación en cuestión”.
Ramírez Santos está también todos los días, custodiando la oficina vacía del magistrado “aviador”.
Esto es apenas la punta del hilo de una abundante y percudida madeja.
La Reforma Judicial nos va a seguir trayendo muchas noticias.
