“El interés superior es para la niñez y la adolescencia”, así lo marca la Ley en sus artículos 4° y 73° constitucionales; sin embargo, el reciente caso que ha sacudido las redes sociales, e indignado a padres, madres y a todo México, sobre como el juez Juan Manuel Alejandro Martínez ha fallado a favor del abusador de una menor de 4 años, ordenando su liberación, argumentando que la pequeña “no proporcionó el lugar, día y hora” del abuso, a pesar de que los peritajes fueran favorables para una condena en contra del abusador, dejan en evidencia la urgente necesidad de mejorar los procesos judiciales, el acompañamiento y resguardo de los derechos de las infancias y adolescencias.
Este caso de abuso y los cientos que se viven todos los días, hacen inevitable cuestionarnos si el “interés superior de la niñez” realmente prevalece en nuestro sistema legal.
La realidad es desafiante. La menor ha sido sometida desde hace dos años a terapias y peritajes, enfrentando una constante revictimización. La falta de garantías de acompañamiento psicológico procesal deja un vacío preocupante para ella y para todos los niños que desafortunadamente viven estos procesos.
Nuestro país lidera las estadísticas globales de abusos sexuales a menores, es momento de hacer algo y de velar por las garantías de nuestras infancias, demandar una revisión integral de nuestros procesos judiciales y mecanismos de protección a las víctimas.
La solución no solo reside en reaccionar con indignación a casos mediáticos, sino en prevenir, fomentar las denuncias y asegurar acompañamiento procesal efectivo. La justicia en México no debe ceder ante presiones sociales; todos, y principalmente las infancias, merecemos un país donde la reparación del daño y la justicia sean reales.
Trabajar en reparar el daño psicológico a menores abusados lleva tiempo, pero el proceso judicial puede ser parte de esa sanación si se enfoca en comprender y atender las necesidades del menor. La condena, cuando se logra, brinda sentido al difícil camino judicial y protege al menor, contrarrestando el peso emocional y psicológico.
¿Realmente velamos por el interés superior de la niñez? La reflexión queda abierta, pero la urgencia de transformar nuestro sistema judicial es innegable.
