El Partido Acción Nacional (PAN) en el estado y la capital busca desesperadamente colgarse del grave problema de inseguridad y violencia de género en Puebla para tratar de obtener una rentabilidad electoral de cara a los comicios intermedios de 2021.
Los líderes de esta fuerza política, Genoveva Huerta Villegas y Jesús Zaldívar Benavides, “casualmente” han asumido una postura en defensa de los poblanos y las mujeres y ahora de los estudiantes universitarios.
Desde que iniciaron los gobiernos en Puebla, encabezados por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los dirigentes panistas se han apostado en señalar sus errores y presunto incumplimiento de promesas de campaña.
No se han cansado de responsabilizar al gobernador, Miguel Barbosa Huerta y la alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, del crecimiento en el número de casos de feminicidio.
Esta postura resulta incongruente porque Huerta Villegas nunca alzó la voz, durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad, para exigir la declaratoria de Alerta de Violencia de Género.
Ahora, a Zaldivar Benavides se le ocurrió lanzar una consulta ciudadana para atacar a la administración municipal por el subejercicio de más de mil 300 millones de pesos en el gobierno de Rivera Vivanco.
Lo peor es que ahora se está colgando del asesinato de tres estudiantes universitarios y un chofer de Uber, lucrando con esta desgracia y aprovechando la indignación de los poblanos para colocar calcomanías en los vehículos.
Lamentable que los panistas hayan guardado silencio durante tantos años siendo cómplices de crecimiento de la inseguridad y ahora busquen curarse en salud y pintarse como los defensores de los poblanos.
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Alejandra Rubio Acle no solo ganó medidas cautelares en el Instituto Electoral del Estado (IEE) y acreditó violencia política de género en su contra, logró también que la Fiscalía General del Estado (FGE) otorgara seguridad personal a la funcionaria con licencia bajo el número 265/2020/UVFDYDG.
En el expediente se desprende que la declarante pudiera ser víctima de hechos con apariencia de delito de discriminación por parte del regidor de Morena José Luis González Acosta, quien en reiteradas ocasiones -sin pruebas más de su boca- la acusó de tráfico de influencias en el tema de los bolardos.
“Se justifica la urgencia de la medida en razón de que como se desprende de los registros que obran en actuaciones, la víctima se encuentra con una afectación psicológica con motivo de los hechos que denunció, aunado que se encuentra en un estado de sometimiento de su agresor por lo que teme que este le puede ocasionar un daño mayor”.
La FGE detalla que son medidas de protección: La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a las personas relacionadas con ellas. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio en donde se encuentre o localice la victima u ofendido en el momento de solicitarlo.
Por lo anterior, la funcionaria con licencia tendrá auxilio policiaco de reacción inmediata a favor de la víctima con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre en el momento de solicitarle auxilio.
Pese a ello, todo apunta que la funcionaria no regresará por lo menos en ese cargo, ya que la presidenta municipal Claudia Rivera declaró que ella no la cesó en el cargo, y fue Rubio Acle quien decidió pedir licencia.
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La comunidad universitaria exige justicia ante el asesinato de tres jóvenes estudiantes de Medicina de la BUAP y de la Upaep, así como un conductor de Uber; esta exigencia resonará hasta la Ciudad de México, donde se realizará una mega marcha este lunes para exigir juaitica y seguridad.
En tanto, aquí en Puebla las marchas no se vislumbra que cedan, principalmente porque aún no hay nada concreto en relación a la seguridad de los estudiantes.
Será este jueves cuando los rectores de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, así como de la Upaep, Emilio José Baños Ardavín, se reúnan con autoridades del gobierno del estado para trazar una estrategia donde la voz universitaria sea escuchada.
Por lo tanto mañana se prevé una marcha importante que iniciará en la Facultad de Medicina de la BUAP rumbo al Gallito, para terminar en Casa Aguayo.
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Los cambios en mandos de las policías en los ocho municipios de la zona metropolitana son inevitables, sólo es cuestión de días para que se oficialice el anuncio que hará el gobierno del estado, una vez que se concluyan las evaluaciones y revisión de expedientes que realiza el Ejército Mexicano, Fiscalía General del Estado y el recién nombrado secretario de Seguridad Pública, Raciel López Salazar.
Aunque ya estaban algunos nombres en la lista para encabezar las Secretarías de Seguridad Pública de los municipios de las Cholulas, Huejotzingo, Amozoc de Mota, Cuautlancingo, Coronango, y la capital poblana e incluso en San Martín Texmelucan, donde el mando fue detenido por estar involucrado en el delito de secuestro.
El anuncio de depuración y limpia en las filas de la Seguridad Pública, que hizo Raciel López, cuando tomó protesta la semana pasada, ha generado que muchos elementos vivan en la incertidumbre, sobre todo, los que tienen en sus expedientes acusaciones.
Muchos de ellos, incluso ya se preparan para realizar en caso de que sea necesario algunas protestas.
