El nuevo gobierno paraguayo del presidente Federico Franco seguía ayer sin recibir ninguna muestra de apoyo en Latinoamérica, sino más bien quejas por la forma con la que se destituyó a Fernando Lugo y abiertas acusaciones de golpismo de Venezuela o Argentina.
Al mismo tiempo, Estados Unidos, la Unión Europea o España, se limitaron a pedir calma al pueblo paraguayo y a tomar nota de los acontecimientos.
El proceso de destitución de Lugo duró un día: el jueves la Cámara de Diputados aprobó someterlo a juicio político y el viernes el Senado votó retirarlo de sus funciones, tras una audiencia en la que los abogados de Lugo tuvieron dos horas para presentar su alegato.
Es “inaceptable lo expedito del juicio político contra el presidente constitucional y democráticamente electo”, señaló en un comunicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), al destacar que el procedimiento “afecta la vigencia del Estado de derecho en Paraguay”.
“Es una parodia de la justicia y un atropello al Estado de derecho remover a un presidente en 24 horas, sin garantías para defenderse”, estimó a la prensa en Washington el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Canton.
