Cuitlatlán
Por: Fermín Alejandro García
La justicia laboral en Puebla siempre ha sido lenta y deficiente, pero en la actualidad la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) pasa por su peor momento, provocado por una reducción de alrededor de 50 por ciento de su personal, lo que ha derivado que para mover cualquier trámite, por muy sencillo que sea, hay que repartir cantidades de dinero que van desde los 100 pesos hasta los 3 mil 500 pesos. Es una situación que han generado muchos abogados laboralistas como la única manera de dar un poco de rapidez a los lentos, tortuosos y abusivos procedimientos legales.
Para tener una idea de la dimensión del problema es necesario revisar este apunte: actualmente la JLCA solamente cuenta con cinco actuarios, cuando antes cada una de las seis juntas especiales del organismo y la secretaría general del mismo tenía dos actuarios, es decir llegó a haber hasta 14 funcionarios dedicados a auxiliar dando fe de los actos procesales.
Es por eso que cada diligencia se programa para realizarse entre tres y cinco meses después de que se solicita. Actualmente hay procedimientos programados para enero o febrero de 2017, lo cual convierte en exasperante cualquier asunto de orden laboral.
El recorte de personal que sufre la JLCA forma parte del adelgazamiento de nóminas que ordenó el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas desde el arranque del sexenio, lo cual ha derivado en un debilitamiento institucional del Poder Ejecutivo, cuyas repercusiones sociales las sufren la población que vive con menores ingresos económicos, alejada de los centros urbanos o sin medios para contratar los servicios profesionales de buenos litigantes.
Como parte de un circulo vicioso que existe entre abogados laboralistas y personal de la JLCA, junto con usuarios, se ha creado una especie de tabulador de las dádivas que por abajo del agua se reparten para dar agilidad a los trámites en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Si alguien quiere que una diligencia no se programe de tres a cinco meses luego de ser solicitada, tiene que ofrecer al personal de la JLCA pagos que van de los mil a los 3 mil 500 pesos. Para quienes proponen sobornos con la última de estas cifras, corren con suerte y les dan citas para la audiencia en un plazo máximo de 15 días.
Para que alguien logre que la JLCA conteste un oficio en un plazo de 24 a 36 horas, tiene que ofrecer entre los 500 y los mil 500 pesos.
Otro trámite sencillo: simplemente para que se anote un emplazamiento hay que dar entre 100 y 300 pesos.
Para nadie es un secreto que el “negocio” está en alertar a las empresas que van a sufrir embargos por haber perdido juicios laborales.
Se dice que en ese rubro se llegan a hacer cobros de hasta 15 mil pesos.
Y es un secreto a gritos que esto ocurre con mucha frecuencia en las representaciones de la JLCA de Teziutlán, Huauchinango y Tehuacán.
Una prueba de ello es que hay una agencia automotriz, que vende coches de una marca alemana, que ha tenido 10 embargos un los últimos meses y nunca han podido ser ejecutados porque alguien les avisó a los apoderados legales para que hicieran movimientos que evadieran la sanción.
Adentrarse en la justicia laboral del morenovallismo es bajar a las coladeras del servicio público del estado.
