La boda de Guadalupe Bárcenas, alcaldesa de Acatlán de Osorio, con su exsecretario de Seguridad Pública, el marino Juan Alberto Domínguez López, ha generado cuestionamientos públicos no tanto por el hecho personal en sí, sino por la inevitable mezcla entre relaciones privadas y responsabilidades de gobierno. Cuando un vínculo de esta naturaleza involucra a funcionarios con poder de decisión, la ciudadanía tiene derecho a exigir transparencia y a preguntarse si existieron o pudieron existir conflictos de interés.
En un contexto marcado por problemas de inseguridad, rezagos sociales y demandas ciudadanas urgentes en Acatlán, la ostentación o la atención política concentrada en un acontecimiento personal puede ser percibida como una desconexión con las prioridades de la población. Y más cuando esta quiere que te vayas.
La confianza pública se construye con resultados y rendición de cuentas, no con explicaciones tardías ni con historias más propias de una fotonovela barata. Políticamente, el caso representa un severo costo de imagen para cualquier administración que no logre disipar dudas sobre la imparcialidad en los nombramientos, las decisiones de gobierno y el uso de recursos públicos. Pero también para Morena, un partido cada vez más irresponsable, frívolo e ineficaz en el ejercicio del poder.
Más allá de la vida privada de los involucrados –nadie se cree realmente eso de que triunfó el amor–, el verdadero debate debería centrarse en si las instituciones actuaron con transparencia y si el interés público estuvo siempre por encima de los intereses personales.
Hay una solicitud de revocación de mandato en el Congreso del estado. Pero no procederá –no habrá funeral, funeral político– y Guadalupe Bárcenas seguirá intocable en su eterna luna de miel. El régimen la protege. Y es que si cae ella, caen otros muchos presidentes municipales de Morena (la lista ex extensa) que han dejado su sello a partir de la corrupción, la ineficacia y, sí, la liviandad.
