Un tribunal sirio condenó este martes a Bashar al-Assad y a su hermano menor Maher al-Assad a la pena de muerte, al encontrarlos responsables de delitos cometidos durante los casi 14 años de conflicto que devastaron al país.
La sentencia fue dictada en ausencia, debido a que ambos se encuentran fuera de Siria. El tribunal los declaró culpables de delitos que incluyen asesinatos premeditados, tortura, detenciones arbitrarias y crímenes contra la humanidad, de acuerdo con la información difundida por Reuters y otros medios internacionales.
El fallo constituye la primera condena judicial contra Bashar al-Assad desde que fue derrocado en diciembre de 2024 y pone en el centro de la transición siria uno de sus mayores desafíos: determinar responsabilidades por los abusos cometidos durante el régimen que gobernó el país durante más de dos décadas.
También condenan a muerte a un exfuncionario del régimen
La misma causa alcanzó a Atef Najib, primo de Bashar al-Assad y antiguo jefe de seguridad política en Deraa, quien también recibió la pena de muerte.
A diferencia de los hermanos Assad, Najib fue juzgado en persona, después de haber sido detenido por las nuevas autoridades sirias. El tribunal lo señaló por su responsabilidad en asesinatos y torturas vinculados con la represión de los primeros movimientos de protesta contra el régimen.
Najib ocupa un lugar especialmente relevante en los antecedentes del conflicto, ya que estuvo al frente de la seguridad en Deraa, ciudad donde comenzaron las protestas de 2011 que posteriormente se transformaron en una guerra de gran escala.
La fiscal Noha al-Masri, cuyo hermano murió durante el conflicto, consideró que el fallo representa un reconocimiento al sufrimiento de las víctimas y a los sacrificios de los sirios durante años de guerra.
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¿De qué acusan a Bashar al-Assad?
El tribunal atribuyó al expresidente responsabilidad por una serie de crímenes cometidos durante la represión de las protestas que comenzaron en 2011 y la posterior guerra civil.
Entre las acusaciones se encuentran asesinatos premeditados, tortura, detenciones arbitrarias y crímenes contra la humanidad. El fallo también hace referencia al asesinato deliberado de varias personas, incluidos menores.
Durante el gobierno de Assad, las fuerzas de seguridad sirias fueron señaladas repetidamente por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos por detenciones masivas, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y ataques contra población civil.
Human Rights Watch documentó durante años graves abusos en centros de detención sirios y señaló que las violaciones cometidas por las autoridades alcanzaron el nivel de crímenes contra la humanidad. La organización también ha advertido que durante décadas el sistema judicial sirio fue utilizado para encubrir o evitar responsabilidades por esos abusos.
Uno de los casos más conocidos es el denominado “archivo César”, una colección de miles de fotografías que documentó los cuerpos de personas fallecidas bajo custodia gubernamental. Human Rights Watch señaló que las imágenes mostraban miles de cadáveres y proporcionaron evidencia sobre las condiciones en las que murieron numerosos detenidos.
La caída de Assad y su llegada a Rusia
La condena ocurre menos de dos años después de la caída del régimen de Bashar al-Assad.
El 8 de diciembre de 2024, una coalición de grupos armados de oposición tomó Damasco y anunció el derrocamiento del gobierno. Assad abandonó el país y huyó a Rusia, donde recibió protección y permanece desde entonces.
Su salida puso fin a más de 50 años de gobierno de la familia Assad y a más de una década de guerra civil.
La ofensiva rebelde que terminó con el régimen se produjo después de años de enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales, grupos opositores, organizaciones kurdas y otras facciones armadas, además de la intervención directa de potencias extranjeras como Rusia, Irán, Estados Unidos y Turquía.
Con la llegada de las nuevas autoridades, encabezadas por Ahmed al-Sharaa, Siria inició un complejo proceso de transición política y de búsqueda de mecanismos para juzgar los crímenes cometidos durante el antiguo régimen.
Una guerra que dejó cientos de miles de muertos
El conflicto sirio comenzó en marzo de 2011, cuando las protestas contra el gobierno de Assad fueron reprimidas violentamente. La escalada derivó en una guerra que provocó la muerte de cientos de miles de personas, además del desplazamiento de millones de sirios dentro y fuera del país.
La represión gubernamental fue uno de los principales elementos documentados por organismos internacionales, aunque todos los actores involucrados en el conflicto fueron señalados por violaciones al derecho internacional humanitario.
La dimensión de los abusos convirtió la búsqueda de justicia en una de las demandas centrales de las víctimas y sus familias.
Durante años, ante la falta de procesos judiciales efectivos dentro de Siria, organizaciones de víctimas y grupos de derechos humanos impulsaron investigaciones y procedimientos en otros países mediante mecanismos de jurisdicción universal. Alemania, por ejemplo, llevó a juicio a antiguos integrantes de los servicios de inteligencia sirios por crímenes contra la humanidad.
Una sentencia con impacto político y jurídico
El fallo representa un paso importante para las nuevas autoridades sirias, que buscan presentar el proceso de transición como una ruptura con la impunidad del antiguo régimen.
Sin embargo, la sentencia también enfrenta obstáculos prácticos y jurídicos.
Bashar y Maher al-Assad no están bajo custodia de las autoridades sirias y permanecen en Rusia. Por ello, la condena no significa que la pena pueda ejecutarse de manera inmediata.
Expertos citados por Reuters consideran que la imposición de la pena de muerte podría incluso complicar eventuales esfuerzos para conseguir la extradición de Assad, mientras algunos críticos cuestionan si el proceso tendrá efectos reales mientras el expresidente continúe protegido fuera de Siria.
El caso también coloca a las nuevas autoridades ante el reto de demostrar que la justicia transicional puede llevarse a cabo de manera creíble y sin convertirse simplemente en un mecanismo de represalia contra los antiguos integrantes del régimen.
Human Rights Watch ha insistido en que cualquier proceso de rendición de cuentas en Siria debe centrarse en las víctimas, la verdad, la reparación y juicios con garantías, además de abarcar los abusos cometidos por todos los actores del conflicto.
Celebraciones en Deraa tras el fallo
La noticia provocó celebraciones en distintas zonas de Siria, particularmente en Deraa, considerada la cuna de las protestas que desencadenaron el levantamiento de 2011.
Imágenes difundidas tras la sentencia mostraron a ciudadanos congregándose frente al Palacio de Justicia de Damasco para celebrar el fallo contra Assad y otros antiguos funcionarios de su gobierno.
Para las víctimas y sus familiares, el fallo representa un reconocimiento largamente esperado. Para las nuevas autoridades, en cambio, el desafío será convertir esta primera condena en un proceso de justicia más amplio que permita esclarecer el destino de miles de personas desaparecidas y establecer responsabilidades por los abusos cometidos durante la guerra.
Por ahora, Bashar al-Assad continúa fuera de Siria y bajo protección rusa, por lo que la sentencia tiene un peso histórico y político inmediato, pero su ejecución depende de que las autoridades sirias puedan lograr que el expresidente sea puesto bajo su custodia.
