Una coalición de 25 estados de Estados Unidos, encabezada por fiscales generales demócratas, presentó este lunes una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump para impugnar la más reciente ronda de aranceles impuestos a las importaciones procedentes de 60 países y economías, al considerar que el mandatario excedió la autoridad que le otorga la ley para establecer gravámenes de alcance global.
La querella fue interpuesta ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, con sede en Nueva York, y argumenta que la nueva política comercial constituye un intento de reinstaurar tarifas que previamente fueron invalidadas por la Corte Suprema mediante un cambio en la base jurídica utilizada por la Casa Blanca.
Los nuevos aranceles, de entre 10% y 12.5%, fueron anunciados por la Administración Trump a finales de julio y afectan a productos provenientes de 59 países y la Unión Europea, bajo el argumento de que esos socios comerciales no han hecho lo suficiente para impedir la exportación de bienes elaborados con trabajo forzado.
Estados acusan un uso indebido de la ley comercial
Los fiscales generales sostienen que el Gobierno federal está utilizando de forma indebida la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta diseñada históricamente para responder a prácticas comerciales específicas de otros países, pero que, afirman, no autoriza la imposición de aranceles generalizados que afectan a la inmensa mayoría de las importaciones estadounidenses.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las impulsoras de la demanda, afirmó que la nueva medida representa “otro intento ilegal de aumentar los impuestos a familias y empresas estadounidenses”, al insistir en que el presidente no tiene facultades para imponer tarifas comerciales de esa magnitud sin autorización del Congreso.
Por su parte, la Administración Trump defendió la legalidad de los aranceles y sostuvo que las nuevas disposiciones cumplen con los requisitos establecidos en la legislación comercial estadounidense, además de responder a la necesidad de combatir las cadenas de suministro vinculadas con el trabajo forzado.
Antecedentes del conflicto
La disputa judicial se produce meses después de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinara que el presidente no podía recurrir a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer amplios aranceles globales, al considerar que dicha legislación no le otorgaba esa facultad. Ese fallo obligó a la Administración a buscar una nueva vía legal para mantener parte de su estrategia comercial.
Según los demandantes, la Casa Blanca intenta ahora reemplazar aquellos aranceles anulados utilizando un fundamento jurídico diferente, aunque con efectos económicos prácticamente idénticos sobre el comercio internacional.
Impacto económico y político
La coalición de estados advierte que los nuevos gravámenes incrementarán los costos para consumidores, empresas importadoras y cadenas de suministro, al encarecer una amplia variedad de productos provenientes de decenas de socios comerciales de Estados Unidos. Asimismo, argumenta que las medidas podrían generar nuevas tensiones con aliados y afectar la competitividad de la economía estadounidense.
El caso representa uno de los desafíos legales más importantes contra la política comercial de Donald Trump desde el fallo de la Corte Suprema y podría volver a definir los límites del poder presidencial para imponer aranceles sin la intervención del Congreso. Especialistas consideran que, por su relevancia constitucional y económica, la controversia podría regresar eventualmente al máximo tribunal del país.
